Castro celebra la reapertura del caso Oltra

Madrid (Reino de España), jueves 20 de junio de 2024 (Lasvocesdelpueblo).- La jefa de los servicios jurídicos de la tercera fuerza política en el Reino de España, VOX, Marta Castro Fuentes celebra la reapertura del caso Oltra (Mónica Oltra Jarque, la dimitida vicepresidente del Consell, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Govern de la Generalitat Valenciana y exlíder del partido separatista de ultraizquierda Compromís).

VÍDEO (SEÑAL VOX). MADRID (REINO DE ESPAÑA), 20 DE JUNIO DE 2024.

Marta Castro Fuentes, coordinadora Nacional Jurídica de VOX celebra que ahora sí la Resistencia podrá sentar en el banquillo de los acusados a los responsables del crimen contra la infancia y contra la mujer, en marco del caso en el que se investiga si la entonces  Oltra y otros 17 investigados ocultaron información sobre los abusos del exmarido de esta política separatista de ultraizquierda a una menor tutelada en un centro que depende de la Consejería de la investigada Oltra.

Se demuestra así que, tras el precipitado sobreseimiento de la causa, VOX realizó una labor fundamentada en su recurso de apelación. «VOX podrá realizar su correspondiente acusación y sentar en el banquillo a los responsables de estos graves hechos», ha explicado Castro.

TOTALES DE MARTA CASTRO FUENTES

«Os quiero comunicar la buena noticia que hemos tenido hoy en Vox.

La Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el recurso de Vox y el de las otras acusaciones populares en el caso Oltra para que continúe la investigación.

Dice (la Audiencia Provincial de Valencia), además que: ‘Debe ser en el acto del juicio oral donde se dilucide la responsabilidad de aquellos que pretendieron ocultar la existencia de los abusos a la menor y, además, desautorizar el testimonio de la menor’.

Así Vox podrá realizar su correspondiente acusación y sentar en el banquillo a los responsables de estos graves hechos».

EL AUTO DE REAPERTURA DEL CASO OLTRA

«Tras examinar el resultado de la instrucción practicada, que se expone de forma pormenorizada en la resolución impugnada, la Sala estima, discrepando del criterio del instructor, que no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal, siendo posible identificar, en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento», señalan los magistrados.

En estas diligencias previas figuraban como investigados, hasta que se sobreseyeron provisionalmente, la propia exvicepresidente del Consell y técnicos y altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, así como trabajadores del centro concertado donde la entonces menor se hallaba acogida cuando sufrió los abusos sexuales, entre 2016 y 2017.

«Resulta indiciariamente de la instrucción que no se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo, colocándola por el contrario en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida», recoge la resolución judicial.

La Audiencia recuerda, asimismo, que no fue hasta tres meses después, cuando la chica relató lo ocurrido a unos policías que estaban en el centro de forma circunstancial por otros motivos cuando éstos dieron cuenta a la Fiscalía, que sí apreció indicios de la comisión de los abusos sexuales e interpuso la correspondiente denuncia.

Para la Sección Cuarta, «en este momento procesal no puede descartarse, de una manera clara, la comisión de infracción penal derivada del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida».

Del mismo modo, el Tribunal cree que tampoco puede descartarse el carácter delictivo de la decisión de la Conselleria de abrir un expediente informativo, una vez que el asunto ya estaba judicializado, «con la finalidad de determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor».

Un expediente que «parece dirigido a determinar la falta de credibilidad del testimonio de la menor, a la que se hace pasar, de manera indiciariamente ilegal, por una entrevista y una prueba pericial, cuando el asunto estaba ya judicializado, con la victimización secundaria que ello supone y con la finalidad indiciaria de desacreditar su testimonio o influir en su ánimo acusador», puntualizan los magistrados.

Por todo ello, la Sala considera que tampoco «puede descartarse en este momento procesal la comisión de infracción penal, como consecuencia de haberse dictado, de manera arbitraria e injustificada, una resolución con la finalidad de iniciar el referido expediente informativo, utilizando recursos públicos, con fines particulares»| Castro celebra la reapertura del caso Oltra.
VÍDEO (SEÑAL VOX). MADRID (REINO DE ESPAÑA), 20 DE JUNIO DE 2024.