Las Palmas de Gran Canaria (España), viernes 15 de septiembre de 2023 (Efe).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, ha considerado este viernes que la posible aprobación de una ley de amnistía para los independentistas catalanes encausados o condenados por el «procés» puede afectar a los principios de igualdad y de seguridad jurídica.
En el discurso que Lorenzo ha pronunciado con motivo de la apertura del Año Judicial, ha señalado que «borrar unos determinados hechos y no otros» puede afectar a esos principios, y además «deslegitima no solo la actuación de los tribunales sino del Estado todo. Y hay que decirlo».
El presidente del TSJC ha confiado en que «los intereses partidarios no se pongan nunca por encima de los intereses del Estado» y en que los demás poderes del Estado «sean respetuosos con el poder más débil, el Poder Judicial».
En él descansan «la garantía de la libertad y de los derechos de todos los ciudadanos», ha recalcado Lorenzo.
Ha destacado también que en «España los jueces y los fiscales no persiguen a nadie por sus ideas. Se persiguen, con el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en funciones de policía judicial, hechos tipificados como delito en el Código Penal, y se juzgan, por supuesto, con todas las garantías».
Piden más medios para atender la alta litigiosidad
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, ha insistido en reclamar al Estado y al Gobierno canario más medios personales y materiales ante el repunte de la litigiosidad en las islas en 2022, con 181 asuntos por 1.000 habitantes, y las consecuencias de las huelgas de letrados y funcionarios de este año.
En declaraciones a los periodistas, antes de presidir el acto de apertura del Año Judicial, ha señalado que desde el TSJC se intentan implementar medidas de refuerzo y más órganos, y se ha elaborado un estudio de la litigiosidad en el que se evidencia la necesidad de que en la creación de órganos judiciales se tenga en cuenta la población extranjera que recibe Canarias.
El estudio ha constatado que el hecho de que la economía canaria se base en el sector servicios incrementa la litigiosidad, al generar más conflictos que otros sectores, ha indicado Lorenzo, que ha añadido que Canarias encabezó en 2022 la tasa de pleitos, cuya media en España es de 140 por cada 1.000 habitantes.
El Poder Judicial depende de los medios que le procuran las administraciones, ha incidido Lorenzo, quien ha insistido en que es preciso que se creen más órganos y nuevos medios organizativos que tiene que facilitar el Estado a través de las nuevas leyes de eficiencia organizativa y procesal y digital «que han quedado en dique seco al finalizar la legislatura».
El nombramiento de funcionarios cuando se producen bajas, la cobertura de vacantes, la dotación de más plazas y medidas de refuerzos, son otras muchas demandas, ha recalcado Lorenzo, quien también ha vuelto a referirse de nuevo a la situación «insostenible» del Poder Judicial después de cinco años de demora en la renovación de su Consejo General, como ya dijo el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín, en la apertura del Año Judicial.
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