Lasvocesdelpueblo y Agencias- En total, ambas investigaciones apuntan a un desvío que supera los 1,18 millones de euros. La Oficina Europea contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) alertó este jueves, 30 de abril de 2020, de que un número de eurodiputados de dos Estados miembros diferentes, a los que no identifica, desviaron parte de sus salarios mensuales de la pasada legislatura a las arcas de sus formaciones en sus países de origen. La formación que actuó así fue la española Izquierda Unida (IU) del actual ministro de Consumo del Gobierno socialcomunista de España, Alberto Garzón —formación integrante de la alianza neocomunista chavista Unidas Podemos, que lidera vicepresidente de Gobierno español y ministro de Derechos Sociales, Pablo iglesias— durante la pasada legislatura parlamentaria (2014-2019), según confirmó a Efe fuentes nacionales de la propia formación comunista (IU). Barcelona (España), domingo 3 de mayo de 2020.
En un comunicado, la OLAF señaló además que los miembros de otro partido político incrementaron los sueldos de sus asistentes para que ellos también pudieran contribuir a los presupuestos de los partidos en sus respectivos países.
La investigación que afecta a IU fue puesta en marcha en 2017 y 2018 y apunta a que sus eurodiputados y personal de su delegación en el Parlamento Europeo pagaron más de 640.000 euros a las arcas nacionales del partido en la legislatura anterior a la actual, entre 2014 y 2019.
Según la institución antifraude, estos pagos se hicieron para cumplir las obligaciones con un documento financiero del partido que se había aprobado específicamente para la delegación del mismo en la Eurocámara.
La OLAF considera que el PE debería contar con «sanciones efectivas»
La OLAF considera que el Parlamento Europeo debería contar con «sanciones efectivas para abordar la violación de sus normas y permitir la recuperación de las cantidades que ha establecido la investigación», y propuso acciones disciplinarias en respuesta a la primera investigación.
Respecto a la segunda, la OLAF recomienda al Parlamento que se asegure de que las cantidades que los asistentes parlamentarios desviaron a los partidos nacionales sean recuperadas, así como que se inicien acciones disciplinarias contra los asistentes por seguir las instrucciones de su partido cuando estas contradecían a sus obligaciones estatutarias hacia la Eurocámara.
Fuentes del Parlamento Europeo señalaron a Efe que éste cuenta con un sistema de sanciones cuando se trata de asistentes o de mala utilización de las dietas, lo cual le permite recuperar el dinero.
No obstante, no existen mecanismos de sanción cuando se trata del salario de un diputado, ya que el estatuto de los miembros recoge que cualquier acuerdo entre el diputado y su partido es «nulo y no existente», por lo que «es el diputado el que debe oponerse a cualquier intento del partido de ir contra lo que dice el estatuto».
Modificar el estatuto de los eurodiputados exige una decisión del Consejo.
«La investigación también reveló que el partido había pedido a sus asistentes parlamentarios que contribuyeran. Aunque no se han encontrado pruebas de que los eurodiputados obligaran a su personal a hacerlo, sí que eran conscientes de que esto estaba sucediendo y de hecho colocaron a sus asistentes en una clasificación más elevada y con un salario más alto», afirma la OLAF.
La formación comunista afirma a Efe que al finalizar la investigación, a principios de enero, OLAF informó por carta a los antiguos eurodiputados de que habían remitido el informe final al Parlamento y harían una serie de recomendaciones administrativas, pero «en ningún momento se hablaba de incumplimientos del Reglamento».
IU no ha tenido acceso al informe final de la OLAF, indican las mismas fuentes.
