Caso ERE| TC de Conde-Pumpido anula la sentencia de Chaves 

Madrid (Reino de España). Caso ERE| TC de Conde-Pumpido anula la sentencia de Chaves (PSOE). El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de mayoría comunista y presidido por el militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Cándido Conde-Pumpido Tourón, estima «parcialmente» el recurso de amparo del delincuente socialista y expresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía por el PSOE, Manuel María Chaves González (Manuel Chaves), y declara que «se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal» en el enjuiciamiento de la causa sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) falsos que firmaron los gobiernos socialistas en la comunidad autónoma de Andalucía para los simpatizantes del PSOE; el llamado Caso ERE de Andalucía.

El Pleno del Tribunal Constitucional, dirigido por una mayoría comunista, ha estimado parcialmente el recurso de amparo interpuesto por Manuel María Chaves González contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo condenaron por un delito de prevaricación a las penas de 9 años de inhabilitación especial, con accesorias.

El Tribunal Constitucional del militante del PSOE Conde-Pumpido declara que «se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal» y ordena «retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos».

Las sentencias condenatorias consideran que el entonces también secretario general del socialismo en Andalucía, Manuel María Chaves González, «-en su calidad de Presidente de la Junta de Andalucía (1990-2009)- participó en la aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos para los años 2002 a 2009 y los envió como proyectos de ley al Parlamento de Andalucía, así como en la de distintas modificaciones presupuestarias».

La sentencia del Tribunal Constitucional de mayoría comunista, de la que ha sido ponente la vicepresidente del TC, Inmaculada Montalbán Huertas, explica que «los órganos judiciales han realizado una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la legalidad penal garantizado en el art. 25.1 CE. El art. 404 del Código Penal tipifica como delito que las autoridades o funcionarios públicos, a sabiendas de su injusticia, dicten resoluciones arbitrarias en un asunto administrativo».

Según la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo, dichos anteproyectos y proyectos de ley «eran ilegales porque infringían la normativa presupuestaria en vigor en aquel momento».

«En particular, porque incorporaban el uso de transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales, mediante la creación del programa 3.1 L en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma, desplazando la aplicación de la normativa de subvenciones».

Asimismo, las resoluciones impugnadas sostienen que las «modificaciones presupuestarias para el pago de las ayudas sociolaborales se adoptaron también infringiendo la normativa presupuestaria».

El delincuente socialista recurrente expuso en la demanda de amparo que la «elaboración de los anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no son constitutivos del delito de prevaricación porque no pueden considerarse resoluciones recaídas en un asunto administrativo».

Tampoco «los anteproyectos y proyectos de ley pueden ser calificados como arbitrarios, pues tal circunstancia» exige que incurran en ilegalidad.

«Esta clase de actos, al ser meras propuestas y no actos definitivos, no pueden ser objeto de control por los jueces y tribunales». Argumentos similares invoca en relación con las modificaciones presupuestarias.

El Tribunal Constitucional, en manos del socialismo, de acuerdo con lo sostenido por el Fiscal (Fiscalía nombrada por el Gobierno de coalición comunista del Reino de España), ha estimado que la «elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación».

Para la Fiscalía «este tipo de actuaciones ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía».

Además, y según han venido entendiendo tanto el Tribunal Constitucional como la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, al tratarse de meras propuestas que no tienen más alcance que, en su caso, ser objeto de deliberación en el Parlamento, «no pueden ser sometidas a control judicial».

Para el TC, «la jurisdicción penal no puede separarse de este criterio y dotar de trascendencia penal a estos actos».

El Pleno del TC, de mayoría socialista, afirma que «si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor».

Añade: «El proyecto cuyo contenido contraviene la normativa existente mientras que es proyecto no puede someterse a un juicio de legalidad -en ese momento es un acto inexistente para el Derecho- y, una vez que se ha aprobado, al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad».

Las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo, en la medida en que atribuyen la aprobación del nuevo sistema de presupuestación para el pago de las ayudas laborales a lo dispuesto en los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos, desconocen la centralidad del Parlamento de Andalucía en el entramado institucional establecido en el Estatuto de Autonomía.

Fue el Parlamento de Andalucía el que, a iniciativa del Gobierno de dicha Comunidad Autónoma, «aprobó el nuevo sistema de presupuestación de las ayudas sociolaborales a través de las leyes de presupuestos».

Para el TC de Conde-Pumpido, «la aprobación de anteproyectos y proyectos de ley no puede considerarse un acto con eficacia jurídica ad extra, desvinculada de su posterior aprobación parlamentaria».

El Tribunal Constitucional socialista sostiene que «la modificación de la normativa presupuestaria por este cauce nunca puede ser delito ni tampoco puede serlo la elaboración del texto articulado por quienes tienen la iniciativa legislativa».

Según la sentencia, «los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo so pena de infringir el principio de separación de poderes».

El Pleno del TC analiza, a continuación, las distintas modificaciones presupuestarias en las que participó el recurrente concluyendo que «no resulta imprevisible ni contrario al derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) la condena por las realizadas los años 2000, 2001 y 2004, dado que se adoptaron con infracción de la normativa presupuestaria entonces vigente. Sin embargo, sí se considera contraria al derecho a la legalidad penal la condena por haber participado en la aprobación de las modificaciones presupuestarias realizadas al amparo del nuevo sistema de presupuestación aprobado por el Parlamento de Andalucía a través de la ley de presupuestos».

«En consecuencia, se estima parcialmente el recurso de amparo de Manuel María Chaves González y devuelve las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de las modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002 a 2009».

La sentencia cuenta con hasta 4 votos particulares que rechazan la decisión de la mayoría comunista del Tribunal Constitucional (TC). Se trata de los votos de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño y de la magistrada Concepción Espejel Jorquera| Caso ERE| TC de Conde-Pumpido anula la sentencia de Chaves.