Efe – La Comisión Política del Consell de Mallorca creada para analizar los caso de explotación sexual infantil de menores tutelados por la institución concluye que no se pueden exigir responsabilidades «directas» a los políticos porque no tienen acceso a los expedientes. Palma (España), viernes 23 de abril de 2021.
En el dictamen final de esta comisión aprobado por los partidos de izquierda junto a El Pi y Cs —el PP Y VOX no han participado en esta comisión—, se afirma que la detección y seguimiento de estos casos forma parte de la función de los equipos técnicos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).
Por tanto, no puede determinarse una responsabilidad política directa por cuanto los cargos electos no conocen los expedientes en cuestión. El próximo lunes el dictamen se presentará al Consejo Rector del IMAS para su debate y votación antes de su aprobación definitiva.
El año pasado trascendió a la opinión pública la violación grupal en Palma, en la Nochevieja de 2019, a una menor tutelada por el IMAS, un instituto que forma parte del Consejo.
A raíz de ello, los partidos que gobiernan coaligados el Consejo de Mallorca (PSIB-PSOE, MÉS y Podemos) acordaron crear esta comisión para «evaluar las decisiones políticas en relación con la detección e intervención en los casos de explotación sexual a menores de edad».
El informe final incluye declaraciones de los técnicos del ámbito de la infancia y familia y de responsables políticos, y evidencia la necesidad de sensibilizar a la sociedad ante una problemática muy compleja que afecta a toda la sociedad y a la que hay que dar una mayor visibilidad.
La comisión entiende que el trabajo de los políticos no es generar discursos que ataquen a las instituciones y estigmaticen las víctimas y al sistema de protección.
El documento constata que desde 2018 existen protocolos de actuación antes estos casos e instrucciones desde 2017 para detectarlos, y que resulta fundamental la coordinación entre cuerpos y fuerzas de seguridad, Fiscalía y el sistema de protección para proteger a las víctimas.
Esta comisión estaba integrada por todos los partidos políticos, salvo PP y VOX, que decidieron no participar.
La represente del PSOE en al comisión, Lorena Oliver, ha destacado este viernes el trabajo de esta comisión política, que ha investigado y evaluado los hechos y las políticas desarrolladas durante varias legislaturas, con «total transparencia y todas las garantías».
La representante del grupo Unidas Podemos en la comisión, Aurora Ribot, ha sostenido que ha quedado «claro» que hubo un «antes y un después» en la detección y persecución de estos casos cuando los grupos progres comenzaron a gobernar el Consell en 2015, tras gobiernos del PP que no hicieron «absolutamente nada».
El consejero de El, Antoni Amengual, ha dicho que «se trata de casos aislados» y ha pedido «no hacer política» con los menores.
Por contra, el portavoz del PP en el Consejo, Llorenç Galmés, ha declarado que las conclusiones «evidencian» que se debe investigar la explotación sexual de menores tuteladas en Mallorca.
Galmés ha calificado de «teatro» esta comisión política y ha dicho que las conclusiones del dictamen «estaban ya redactadas desde el minuto cero». Por ello, ha lamentado que «se ha perdido mucho tiempo y dinero en retrasar más de un año lo que es inevitable, que se investigue lo ocurrido».
«Lo único que le interesa a la presidenta del Consejo, a la socialista Catalina Cladera, es proteger su imagen y apariencia, toda esta comisión ha sido un oscuro papelón», ha sostenido Galmés, que se ha quejado de que su partido aún no haya recibido las conclusiones por escrito.
