EFE – El Congreso ha echado hoy el cierre temporal hasta agosto con una diputación permanente en la que no se ha aprobado ninguna petición de comparecencia de la oposición, mientras que el PP ha aprovechado para abrir el debate sobre la reforma electoral local que permitiría gobernar al alcalde más votado. A la espera de que el calendario presupuestario altere las vacaciones de los diputados, que previsiblemente trabajarán en agosto cuando lleguen las cuentas del Estado a la Cámara baja, la Diputación Permanente ha debatido hoy dos peticiones de la oposición para que compareciera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otras seis para distintos ministros.
Con su mayoría absoluta, el PP ha rechazado todas estas solicitudes. Rajoy no tendrá que comparecer, por tanto, para explicar por qué no ha convocado la Conferencia de Presidentes desde 2012, como pedía el PSOE, ni para aclarar los efectos de la reforma laboral, como quería la Izquierda Plural. Los populares también han rechazado que acudan al Congreso este verano otros seis ministros, los de Hacienda, Sanidad, Interior, Agricultura, Industria y Empleo, para explicar diversos asuntos y medidas acometidas por sus respectivos departamentos.
Todo en una sesión en la que también ha estado presente el debate soberanista catalán, aunque ha sido en los pasillos en los que más se ha discutido sobre esta cuestión, sobre todo después de que el diputado de ERC Joan Tardà dijera que el proceso independentista no lo va a parar «ni Dios ni Rajoy». El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha insistido en que el Gobierno cuenta con los mecanismos para impedir la «ruptura» de la soberanía nacional y garantizar que los catalanes «sigan siendo españoles y europeos».
Hernando ha sido el encargado, en rueda de prensa, de presentar la propuesta del PP de reforma electoral, así como la petición de este partido para crear una subcomisión que la estudie y debata. El PP quiere forzar el debate con las demás fuerzas políticas, especialmente con el PSOE, que según Hernando no va a poder negarse a esta reforma cuando defendió en su momento la segunda vuelta, y si lo hace deberá explicar su «engaño» a los ciudadanos.
Aunque desde el PP admiten que no dará tiempo a aprobar esta reforma antes de que disuelvan las Cortes, fuentes populares insisten en que lo importante es abrir el debate ya y que los ciudadanos conozcan las posiciones de los demás partidos, y recuerdan que los trabajos pueden continuar en la próxima legislatura.
Según Hernando, la reforma trata de evitar «situaciones chocantes» como las sucedidas desde las pasadas elecciones locales, cuando mediante «pactos de despacho» se han alzado como alcaldes candidatos que habían obtenido porcentajes de votos muy pequeños como el 16 % en el caso de Pamplona o el 19 % en el de Las Palmas. La propuesta del PP prevé una prima de concejales equivalente a la mayoría absoluta para el partido que obtuviera más del 35 de los votos y, al menos, una diferencia de cinco puntos a la siguiente candidatura.
Esa misma prima la conseguiría la lista que haya conseguido al menos el 30 por ciento de los sufragios y una diferencia de diez puntos con el segundo más votado. Cuando no se produzca ninguno de los anteriores supuestos, el PP propone una segunda vuelta entre las listas que hubieran obtenido más del 15 por ciento de los votos, quedando expresamente prohibidas las coaliciones o uniones de candidaturas.
En dicha segunda vuelta, si hay una candidatura con más del 40 % de los votos o siete de diferencia con respecto a la segunda, se le adjudicaría la mitad más uno de concejales, y el resto se repartirían en función de los resultados de la primera vuelta. De no producirse esos supuestos, se repartirían los concejales según la primera vuelta -lo que llevaría a la búsqueda de pactos como se hace ahora-. El PSOE, por su parte, ya ha avanzado su rechazo a esta propuesta del PP que atribuye al «miedo» que los populares tienen a perder las próximas elecciones generales.
Antonio Pradas, secretario de Política Federal de los socialistas, ha querido dejar claro que no apoyarán una reforma de ese calado hasta que no pasen las elecciones y haya un nuevo Parlamento, y ha atribuido la iniciativa a un Gobierno «atemorizado» y un partido que ha visto que en los últimos comicios locales y autonómicos «se le ha venido abajo todo el poder institucional».
