Madrid (España), martes 26 de septiembre de 2023 (Efe).- El Tribunal Constitucional resuelve a partir de este martes las peticiones de los condenados por los ERE de suspender cautelarmente sus condenas a prisión, con la excepción del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, que ha renunciado, si bien lo previsible es que sean rechazadas.
Griñán ha desistido de su petición cautelar, una vez que la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado suspender por un plazo de cinco años la ejecución de la pena privativa de libertad debido a la enfermedad que padece, si bien mantiene su recurso contra su condena a seis años de prisión por malversación y prevaricación.
Fuentes jurídicas explican a Efe que no hay precedentes de suspensión de condenas de cinco o más años cuando el condenado ya se encuentra cumpliendo la pena impuesta y aquí todos los condenados a la pena privativa de libertad, salvo Griñán, están en prisión por penas que van desde los seis a los casi ocho años de cárcel.
De ahí que las fuentes consideren que lo más previsible es que el pleno rechace suspender las condenas de los ex altos cargos de Andalucía en aplicación de la doctrina del tribunal, un asunto que se tramita al margen de los doce recursos de amparo.
Igualmente, el pleno tiene previsto resolver el recurso de inconstitucionalidad presentados por Vox contra el decreto ley relativo a los repartidores de plataformas digitales, conocido como la ley rider, que prohíbe que las plataformas digitales puedan utilizar a trabajadores autónomos como repartidores.
De igual modo, el pleno resolverá otros dos recursos del Gobierno contra normas autonómicas. Una contra un decreto ley del Ejecutivo de Murcia de recuperación y protección del Mar Menor; y otro contra el articulado del Decreto-ley extremeño sobre la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en esta región.
Además, el tribunal tiene que decidir si admite a trámite el recurso del PP contra la Ley de Vivienda así como aquellos de los Gobiernos regionales de Madrid, Cataluña, Baleares y Andalucía contra la misma norma por considerar que invade sus competencias.
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