Efe.- Madrid (España), viernes 16 de diciembre de 2022. El Tribunal de Cuentas ha rechazado este viernes las alegaciones sobre la inmunidad como eurodiputado que ha esgrimido la defensa del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont para tratar de suspender el procedimiento contable sobre los gastos destinados al proceso independentista catalán de 2017, que sigue adelante.
La consejera del departamento segundo de la sección de enjuiciamiento Elena Hernáez Salguero ha desestimado la mayoría de las cuestiones alegadas por las defensas de más de una treintena de ex altos cargos de le Generalitat para tratar de suspender el procedimiento, en el que la Fiscalía sostiene que se desviaron unos 3,1 millones de euros para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la promoción exterior del «procés».
En un principio, la Fiscalía reclamaba 3,4 millones, si bien ha desistido de reclamar la partida de 336.143,44 euros correspondientes a la campaña Civisme, lo que ha conducido a que la consejera archive el procedimiento contra quien fuese responsable de Difusión de la Generalitat Jaume Mestre.
Además de Puigdemont, entre los ex altos cargos demandados figuran el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, exconsejeros como Jordi Turull, Raül Romeva o Dolors Bassa, o el también expresidente de la Generalitat Artur Mas.
La consejera Hernáez se ha remitido a una anterior resolución en la que el Tribunal de Cuentas ya desestimó el planteamiento de la inmunidad alegado por Puigdemont y los exconsejeros catalanes Antoni Comín y Clara Ponsatí.
Los tres huyeron de España y están pendientes de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resuelva sus recursos contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, después de que el Supremo solicitara el suplicatorio para poder extraditarlos y juzgarlos en España por la vía penal.
Hernáez ha seguido de este modo el criterio de la Fiscalía, que ha rechazado que el procedimiento contable entre en conflicto con las «prerrogativas» que se reconocen a los eurodiputados, ya que no limita su libertad ni implica su detención, y ha advertido de que «extender el ámbito» de la inmunidad hasta hacerlo llegar a un proceso que busca una «acción resarcitoria» resulta «contrario al derecho de la Unión Europea».
La consejera ha rechazado asimismo que el procedimiento contable entre en colisión con otros procesos penales que se dirigen o han dirigido contra algunos de los demandados. Según ha explicado también el fiscal, ambos son compatibles sin que eso signifique que se está castigando dos veces a una misma persona por los mismos hechos (lo que en derecho se conoce como «non bis in idem»).
Los hechos, ha dicho la consejera, «se enjuician desde dos ópticas distintas» y el procedimiento contable no tiene «en modo alguno» carácter «sancionador», sino que delimitaría el «alcance» de la eventual responsabilidad contable derivada de los gastos destinados al proceso independentista. «No es una sanción penal», ha señalado el fiscal en el mismo sentido.
La consejera no se ha pronunciado sobre la prescripción del procedimiento aducida por varias de las defensas -algo que hará en sentencia-, y tampoco sobre la denuncia de algunos demandados acerca de que estos hechos ya fueron juzgados en el procedimiento contable derivado de la consulta soberanista del 9N de 2014, cuando Artur Mas estaba en la Generalitat, una cuestión que resolverá en cinco días. EFE
