Madrid (España), viernes 15 de septiembre de 2023 (Lasvocesdelpueblo).- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la denuncia que la asociación catalana Sociedad Civil Catalana (SCC) interpuso, el pasado 8 de septiembre de 2023, ante la Sala Segunda de esta institución del Consejo general del Poder Judicial del Reino de España contra la vicepresidente segunda del Gobierno de coalición en funciones, ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, líder de la coalición electoral de las izquierdas radicales Sumar y miembro del partido Comunista de España (PCE), Yolanda Díaz Pérez, por «faltar a la obligación de su cargo y dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables».
Antecedentes de los hechos
El pasado lunes, 4 de septiembre de 2023, tuvo lugar en el Parlamento Europeo, en Bruselas (Bélgica), una reunión entre la vicepresidente del Poder Ejecutivo de coalición en funciones de España y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz Pérez, y el prófugo de la Justicia española, presidente del régimen separatista que ocupó la Generalidad de Cataluña hasta el pasado 27 de octubre de 2017 -coincidiendo con la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI) en el Parlamento de Cataluña, eurodiputado sin inmunidad parlamentaria y fundador de la derecha separatista Juntos por Cataluña (JxCat), Carles Puigdemont Casamaò, cuando huyó de la Justicia española en el maletero de un coche, con la ayuda de un escolta, agente de los Mozos de escuadra fichado por el condenado a prisión exconsejero de Interior, Miquel Buch Moà, desde el año 2017 hasta la fecha.
El argumento de que la vicepresidente del Gobierno de España acudió al encuentro «a título personal» en representación de la coalición electoral ultra Sumar, sin representar al Gobierno en funciones de españa del que forma parte, «es fraudulento, puesto que siempre prevalece el cargo institucional que un dirigente político ostenta», explican desde SCC.
Inhabilitación especial de hasta dos años de sueldo y cargo
Esta organización catalana decidió proceder penalmente contra la vicepresidente del Gobierno en funciones en base al Artículo 408 del Código Penal, que recoge lo siguiente: «La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
SCC considera que la ‘Yoli’ «faltó a la obligación de su cargo e intencionadamente, dejó de promover la persecución de personas encausadas por delitos gravísimos».
Resulta una obviedad que Yolanda Díaz Pérez, vicepresidente del Gobierno de coalición en funciones de España, acudió al encuentro con el golpista fugado Carles Puigdemont Casamajò «para encauzar la investidura del presidente del Gobierno en funciones» y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Pérez Castejón, «y negociar con quien fuera presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña durante el desafío al marco constitucional unas exigencias que atentan contra los intereses de España y del propio Estado de derecho», subrayan desde esta asociación cívica cultural con el número «Secció 1ª Registro de Asociaciones 53617» y sede en el paseo de Gràcia de Barcelona.
«Prueba de que acudió en representación del Ejecutivo en funciones es que la vicepresidente no fue cesada de su cargo pese a hacer ostentación pública de la «normalidad» de su largo encuentro con Puigdemont y otros fugitivos por la causa del procés», como el también eurodiputado sin inmunidad parlamentaria de la derecha separatista JxCat, Antonio Comín Oliveres (Toni Comín).
Según la denuncia de SCC, «la vicepresidente Yolanda Díaz, cargo del que no puede desprenderse a voluntad y alegar que únicamente interviene a título de líder de Sumar, trató asuntos de estado con un prófugo de la Justicia, negociando las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez».
«Consideramos también evidente que, desde La Moncloa (Palacio del Gobierno de España, en Madrid), pese a su intención de desmarcarse de esta reunión, hubo de avalarse este encuentro que, con toda seguridad, no se gestó en unas pocas horas», afirman.
Añaden desde SCC que: «De ser cierto que desde el Ejecutivo nada se conocía de este encuentro antes de la noche anterior, la reacción lógica ante estos graves hechos habría sido la de cesar a Yolanda Díaz de sus cargos y no la celebración de sus más que dudosos logros».
Como ministra de Trabajo, vicepresidente segunda y alto cargo de la Administración, Yolanda Díaz Pérez «tiene la obligación de obedecer el ordenamiento jurídico y velar por su cumplimiento», advierte SCC.
Sin embargo, «con una actuación sin precedentes en la historia reciente, legitimó a un prófugo de la Justicia que ha utilizado todos los medios a su alcance para desprestigiar la imagen internacional de España».
«La vicepresidente, además de legitimar al secesionismo, dio carta de naturaleza a una serie de exigencias inconstitucionales», afirman desde SCC.
El escrito presentado ante el Tribunal Supremo subrayaba que «la reunión del 4 de septiembre, promocionada con toda la pompa y la trascendencia posible entre una vicepresidente del Gobierno de España con un prófugo de la justicia, cuyo delito principal ha sido atentar contra la integridad territorial de España, es algo sumamente grave que no hace sino evidenciar el poco o nulo respeto de la Sra. Díaz hacia el cargo que ocupa, con el agravante de que ella, no es otra cosa que, la representante del sujeto soberano, es decir, de España».
Consta también en la denuncia que «si bien es cierto que hasta ahora el tipo penal recogido en el artículo 408 del Código Penal se ha aplicado a funcionarios o autoridades cuya obligación directa era perseguir delitos, en este caso la conducta omisiva de la Sra. Díaz también tiene un perfecto encaje en este tipo penal».
«Y es que, el deber de promover la persecución de delitos está incluido en las funciones del gobierno y, en consecuencia, cualquier cargo ejecutivo tiene la obligación de cumplir con esta responsabilidad, insiste.
Por ello, «la conducta de Yolanda Díaz atenta frontalmente contra el interés general de todos los españoles, atenta contra la legislación vigente y contra las resoluciones judiciales existentes».
Que una vicepresidente segunda del Gobierno en funciones de España se reúna con alguien reclamado por la justicia «es algo inaudito y supone una evidente deslegitimación de las instituciones del Estado».
SCC entiende que ‘La Yoli’ «no ha hecho sino proyectar una imagen lamentable de nuestro país en el exterior; es paradójico que desde el poder judicial se persiga al responsable de la mayor fractura entre españoles de los últimos años y que, desde las mismas instituciones del Estado se promocionen reuniones con dicho sujeto en busca de su beneplácito para una futura investidura a cambio de cesiones del todo inconstitucionales y que no hacen sino llevar a España a la decadencia».
«En defensa de los intereses de España y de los españoles», SCC, a través del despacho de abogados Chapapría-Navarro & Asociados -que representa los intereses legales de la entidad- decidió proceder penalmente contra Yolanda Díaz Pérez y «contra las personas que, tras la investigación, resulten responsables de los hechos denunciados», informan desde SCC.
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