Readacción – La Junta Directiva del Círculo de Economía (CE) de Barcelona (Cataluña) considera «indispensable y urgente corregir el rumbo que la política catalana ha iniciado con la declaración aprobada por el Parlamento autonómico de Cataluña en su sesión constitutiva del pasado lunes 9 de Noviembre con el voto de los 72 diputados» de las candidaturas separatistas catalanes al 27-S: Juntos Por El Sí (JxS) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Así manifiesta el (CE) de Cataluña en un comunicado este viernes. Barcelona, 20 de noviembre 2015. Fotografía: Los diputados de Juntos Por El Si, Artur Mas (c), Raúl Romeva (d) y Oriol Junqueras (i), conversan poco antes de iniciarse la sesión vespertina del pleno del Parlamento autonómico de Cataluña, en la segunda jornada del debate de investidura de Artur Mas como nuevo presidente catalán, un día después de que la cámara catalana haya aprobado iniciar un proceso hacia la independencia. Foto/Efe.
(CE): «Dadas nuestras responsabilidades empresariales y vinculación al mundo económico y financiero podemos afirmar que la ruptura de la legalidad que implica esa declaración ha tenido, desde el minuto uno de su aprobación, efectos negativos ciertos y objetivos en las decisiones empresariales de inversión así como en localización de sedes corporativas en Cataluña».
Según el (CE), «la inseguridad jurídica y la incertidumbre empresarial que crea esa declaración son altamente perjudiciales para la fortaleza de la economía catalana, la creación de riqueza y la generación de empleo», aseguran en un comunicado. Pero estos efectos, explican, se magnificarían de «confirmarse la formación de un gobierno de mayoría inestable, sometido a condiciones de plazo y comprometido con políticas y regulaciones susceptibles de crear una fuerte incertidumbre en las empresas, los inversores y los ahorradores».
Pero, subraya CE, esa declaración separatista catalana de JxSí y CUP «no sólo quiebra la legalidad. Además, al no existir siquiera una amplia mayoría social a su favor, el riesgo de seria fractura social se acrecienta».
Dados esos efectos, denuncian fuentes de la organización, «consideramos urgente rectificar ese rumbo y formar un gobierno con mayoría parlamentaria estable y respetuosa con la legalidad. De no ser posible, pensamos que la vía adecuada es convocar nuevas elecciones».
Por lo que afirman que su valoración «está basada en principios que consideramos esenciales para el funcionamiento del modelo de sociedad y de economía que deseamos: una democracia representativa y pluralista, la pertenencia a la Unión Europea (UE) y al euro, y una economía de mercado. Democracia y economía de mercado es la combinación más fructífera para la creación de riqueza y el progreso social».
Y, añaden: «y la pertenencia a la UE y al euro fortalece nuestra capacidad de converger con los países europeos más avanzados, tanto en los niveles de calidad democrática como en los de desarrollo social». «Estos principios son defendidos por el Círculo de Economía desde su fundación en los años cincuenta del siglo pasado y pensamos que son compartidos también por una amplia mayoría de ciudadanos».
Es desde estos principios que (CE) reitera «algunas de las reflexiones que ya hicimos en nuestra última Opinión «Después de las elecciones del 27 S: diálogo, acuerdo y reforma»», subrayan. En especial, continúa (CE), acerca de cuales «deberían ser los caminos para la reforma política que España necesita para dar cauce a las aspiraciones de cambio que se manifiestan tanto en Cataluña como en el resto de la sociedad española».
Primera. «Los resultados de las elecciones del 27-S han fortalecido la posición de las fuerzas políticas partidarias de la independencia. Pero ese fortalecimiento no puede ser entendido como un cheque en blanco para alterar de forma unilateral el ordenamiento legal, tal como se ha hecho desde el Parlament. Esa aspiración política es legítima, pero debe encauzarse por caminos democráticos y no a través de la ruptura de la legalidad. Este ordenamiento se puede cambiar, pero no se puede romper unilateralmente».
«Como ha señalado el Tribunal Constitucional en sentencia reciente, no hay nada en la Constitución que impida una consulta para conocer las preferencias de los ciudadanos. Pero, en su caso, debe ser legal y acordada. Este es el camino que desde el Círculo hemos defendido en ocasiones anteriores y reiteramos en esta ocasión», puntualizan.
Segunda. «En Cataluña existe un profundo y amplio malestar social con el funcionamiento actual del Estado de las Autonomías. De forma reiterada y consistente las encuestas de opinión señalan que cerca de un 80% de la población catalana desea algún tipo de reforma de ese modelo», añaden.
«Dentro de este grupo, la mayoría muestra su preferencia por una reforma sin ruptura que permita el encaje de las aspiraciones a un mejor autogobierno de Cataluña dentro de España», siguen explicando. «El principio democrático que, junto con el del Estado de Derecho, inspira nuestra Constitución obliga a dar cauce político a esa aspiración». «Pero el Gobierno y los partidos políticos de ámbito estatal han sido renuentes a dar respuesta política a ese malestar social. Este quietismo no ha hecho sino aumentar la frustración y el malestar con el funcionamiento del modelo», concretan.
Tercera. «Pensamos que las elecciones generales convocadas para el próximo 20 de Diciembre son el momento de oportunidad para la puesta en marcha de esa reforma política y territorial que permita conciliar el principio democrático con el principio de legalidad. Para ello, desde el momento mismo de la apertura de la nueva legislatura española se debería convocar la comisión parlamentaria para la reforma política. No hacerlo sería alimentar aún más la frustración y el malestar», sentencian.
Por último, Círculo de Economía de Barcelona ha querido «expresar nuestra esperanza de que esa reforma política es posible y manifestar nuestra voluntad de contribuir a hacerlo posible», concluyen.
