Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), viernes 29 de julio de 2022. El juez Manuel García Castellón ha rechazado la petición de la asociación de las víctimas del terrorismo «Dignidad y Justicia» de indagar en unas investigaciones que se acordaron el 11 de julio de 1997 sobre el líder del brazo político de la banda terrorista ETA en las instituciones, EH Bildu, máximo jefe de esta organización terrorista, separatista y de ultraizquierda, Arnaldo Otegui Mondragón, para conocer «si tuvo participación» en el secuestro y fusilamiento en un descampado del joven concejal del PP en Ermua (Vizcaya), Miguel Ángel Blanco Garrido.
Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en la causa en la que investiga a tres exjefes de ETA por su presunta responsabilidad en el crimen del joven concejal de Ermua cuando se ha cumplido el 25 aniversario.
La semana pasada comparecieron ante el juez dos de ellos Miguel Albisu, Mikel Antza, y su pareja Soledad Iparraguirre, Anboto, momento en que el fiscal expresó sus dudas sobre el éxito de este procedimiento aludiendo a la prescripción de los delitos por el tiempo transcurrido y por basarse la acusación únicamente en informes policiales de inteligencia.
La asociación de las víctimas Dignidad y Justicia, que ha propiciado la reapertura de este caso 25 años después, había pedido al juez que reclamara esas indagaciones a las que se sometió al terrorista asesino exjefe de ETA Arnaldo Otegui Mondragón en las fechas del secuestro del edil, y le sugirió dirigirse al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en caso de que en su día fueran remitidas ahí.
Según el escrito de la asociación, la exesposa de un etarra Ormaza Corral manifestó en sede judicial, a raíz de la desaparición de Miguel Ángel Blando Garrido, que por la zona donde había sido el secuestro se investigara a Otegui, que en ese momento pertenecía a Herri Batasuna, y que, junto a su exmarido, fue uno de los responsables del aparato logístico de ETA político militar.
El fiscal hizo constar entonces que uno de los investigados era aforado al ser miembro del Parlamento Vasco, pero dada la urgencia de la situación, determinó que la competencia era del Juzgado Central de Instrucción 6 en esas primeras diligencias, sin perjuicio de informar al TSJPV.
El 11 de julio 1997, señala el escrito, se dictó un auto por el que se acordó investigar a Otegui reclamando a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Consejería de Interior del Gobierno vasco practicar cuantas diligencias tuvieran relación con lo manifestado por la exmujer del etarra, diseñándose «un urgente plan de control» de la persona a la que se refería el testimonio «así como la relación de teléfonos u otros medios de comunicación utilizados por Arnaldo Otegui Mondragón».
Pese a haberse acordado estas diligencias, «no consta en la causa resultado alguno» ni tampoco «remisión, ni comunicación alguna al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de cuanto se hizo en relación al control de este investigado, ni formación de pieza separada en cuanto a su imputación», lamentaba la asociación que preside Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado por ETA Luis Portero.
Por ello solicitaba acceder al «resultado de las investigaciones realizadas sobre Arnaldo Otegui Mondragón y su posible participación y en qué grado».
