Efe – La Guardia Civil ha detenido a 21 personas, entre ellas empresarios afines a CDC y ERC próximos al expresident Carles Puigdemont, en una investigación por desvío de fondos públicos para costear los gastos de Waterloo (Bélgica) que ha destapado supuestos contactos en Rusia para lograr apoyos al «procés». Barcelona (España), miércoles 28 de octubre de 2020.
Por orden del titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, el instituto armado ha practicado 31 registros en varias localidades de Barcelona y en Girona y ha detenido a tres figuras clave en la organización del 1-O: el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exalto cargo de CDC David Madí, ambos dedicados ahora a actividades privadas, así como el empresario Oriol Soler.
Entre los detenidos en la tercera fase de la llamada Operación Volhov figura también el historiador Josep Lluís Alay, responsable de la oficina de Carles Puigdemont y hombre de confianza del expresidente catalán, al que acompañaba cuando en marzo de 2018 fue arrestado en Alemania, así como el exconsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma pro selecciones catalanas, Xavier Vinyals.
La operación se enmarca en una causa que investiga el supuesto desvío de fondos públicos para el «procés», principalmente los gastos de las actividades de Puigdemont en Waterloo, y es fruto de las conversaciones telefónicas intervenidas durante el año y medio en que el caso ha permanecido bajo secreto de sumario.
A raíz de esas escuchas, el juez sospecha que los investigados financiaron las actividades del expresidente de la Generalitat con fondos obtenidos mediante prácticas corruptas o irregulares: en el caso de Oriol Soler, el instructor recela de los casi 3 millones de euros en subvenciones que recibió entre 2016 y 2020, en contratos menores de adjudicación directa.
Además, las intervenciones telefónicas han sacado a la luz presuntos vínculos de algunos de los detenidos, entre ellos Vendrell y el escritor y empresario Josep Campmajó, con Tsunami Democràtic, la plataforma que a través de aplicaciones móviles organizó las protestas más multitudinarias contra la sentencia del «procés».
Y la causa ha destapado también supuestos contactos de los investigados en Rusia para lograr apoyos al «procés» y a la independencia de Cataluña, una secesión en la que según el juez el Kremlin tendría interés por su propósito de desestabilizar a la Unión Europea.
De hecho, en la causa figuran dos archivos de audio de conversaciones que Madí y Vendrell mantuvieron con el exdirigente de CDC Víctor Terradellas, también investigado, en la que este revela que días antes de la DUI un «grupo ruso» se mostró dispuesto a enviar a 10.000 soldados a Cataluña y a pagar su deuda, aunque Puigdemont lo rechazó.
En la investigación, que deriva de una causa de 2016 sobre un presunto desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades afines a CDC, también se investiga una supuesta recalificación irregular de terrenos rústicos para construir un centro de negocios, un restaurante y una escuela concertada en la llamada Villa Bugatti de Cabrera de Mar (Barcelona), que gestiona Vendrell.
Por el supuesto «pelotazo», los agentes han detenido al alcalde de Cabrera de Mar (PDeCAT), Jordi Mir, y al arquitecto municipal, Ramon Vilà, además de la directora general de centros educativos concertados y privados, Pilar Contreras, por supuestas irregularidades en al concesión del concierto de la escuela.
La Guardia Civil también ha acudido al Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona), para requerir información sobre contratos y adjudicaciones.
Otros detenidos son el director general de centros educativos, Josep González-Cambray, así como Antonio Fusté Piñol y Roc Aguilera Vaques, dos de los máximos responsables de la empresa Events de Igualada (Barcelona), dedicada al montaje de escenarios -se indaga si estuvo detrás del que Tsunami instaló en la frontera de La Jonquera (Girona)- y que ya fue registrada antes del 1-O.
La mayoría de los detenidos, que están acusados de prevaricación, malversación, blanqueo de capitales y -en el caso de los vinculados con Tsunami- otros delitos contra el orden público, quedarán en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil, aunque algunos de los principales acusados podrían pasar la noche en la comandancia si se prologan los registros u otras diligencias.
Tras quedar en libertad a la espera de ser citado por el juez, Alay ha atribuido su detención a la «persecución contra la causa independentista» y ha indicado que el delito de malversación que se le atribuye es por cobrar por asesorar como experto en la conferencia internacional Crans Montana de 2017.
El expresidente Carles Puigdemont ha enmarcado la operación policial en «un intento de muerte política y civil del independentismo», ante la que ha advertido: «No lo lograrán», mientras el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha denunciado un «montaje» policial y judicial contra el independentismo.
Por su parte, el expresidente catalán Quim Torra ha calificado de «nauseabundo» que la operación de la Guardia Civil se denomine «Volhov», que coincide con una de las batallas que protagonizó la División Azul en Rusia al lado del ejército nazi.
