Madrid (Reino de España), 18 de enero de 2024 (Lasvocesdelpueblo).- Los de Santiago Abascal Conde denuncian una Cámara Baja -Congreso de los Diputados- «gobernada por inseguridad; arbitrariedad y desprecio a las normas que deben regir el funcionamiento de la misma sin precedentes». El Grupo Parlamentario VOX ha solicitado de nuevo que se paralice la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía al golpe en Cataluña por «ser inconstitucional» como han considerado los letrados adscritos a la Comisión de Justicia.
La política cordobesa y portavoz parlamentaria de los verdes, María José Rodríguez de Millán Parro (Pepa Millán), ha trasladado en la Junta de Portavoces celebrada este jueves, que «la ley de amnistía se ha vendido como una ley que va a traer la paz a Cataluña, y sin embargo no sirve ni para garantizar la paz jurídica dentro del Congreso de los Diputados».
Una cámara Baja española, como ha denunciado VOX en múltiples ocasiones, gobernada por la «inseguridad, arbitrariedad y desprecio a las normas que deben regir el funcionamiento de la misma sin precedentes».
Además, los representantes de VOX en la Comisión de Justicia han exigido en la ponencia celebrada también esta mañana que «se paralice la tramitación de la ley de amnistía» a la vista de los informes elaborados por los «letrados imparciales e independientes» adscritos a esta comisión, nombrados por su mérito y capacidad, al contrario del letrado mayor del Congreso de los Diputados «que cumple con los mandatos del Gobierno del golpe y los enemigos de España».
Frente a la posición del GP VOX, tanto el Gobierno como sus socios han remarcado que su «preocupación actual radica en los aspectos formales de la norma» y que tendrá que ser el «Tribunal Constitucional quien decida sobre la constitucionalidad de la ley».
Finalmente, el diputado de VOX por Valencia, Carlos Flores Juberías, ha solicitado en la ponencia de la Comisión de Justicia la creación de nuevos informes de la Comisión Constitucional y las comparecencias de expertos en esta materia.
Esto se debe a que existen discrepancias entre constitucionalistas, juristas e instituciones dedicadas a la labor judicial.
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