Madrid (España), miércoles 15 de noviembre de 2023 (Lasvocesdelpueblo).- DEBATE DE INVESTIDURA DE LA XV LEGISLATURA DEL REINO DE ESPAÑA. Discurso íntegro del candidato del Partido Socialista y presidente de Gobierno de coalición en funciones de España, el autócrata Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en la primera jornada de la primera sesión de investidura.
VÍDEO. MADRID (ESPAÑA), 15 DI DE 2023.
Lo tiene asegurado supuestamente tras ACUERDO GOLPISTA PSOE-JUNTS, ACUERDO CRIMINAL PSOE-ERC, ACUERDO TRAIDOR PSOE-PNV, entre otros pacto de la infamia.
Investidura| El autócrata Pedro Sánchez: «Estas derechas rezuman clasismo, reniegan de las conquistas en derechos y dignidad laboral, rechazan el Estado del bienestar, niegan el cambio climático, desprecian a quienes aman de forma distinta a ellos, imponen un modo único y excluyente de sentir y ser españoles – por cierto» nosotros los comunistas, separatistas y filoetarras «somos tan españoles como ustedes, no somos menos españoles que ustedes – y se oponen al protagonismo de las mujeres en la sociedad», dice el dictador Pedro Sánchez Pérez Castejón.
«En definitiva, rechazan los cambios, renuncian a reconducirlos y solo proponen el retorno al pasado», ha amenazado el tirano de La Moncloa separatista entre varios insultos: «derechas retrógradas», «ultraderecha», «reaccionaria», «incapaces», «incompetentes», «pacto de la ignominia (VOX y PP)», etc., contra la gente que piense diferente y defiende España, la legalidad vigente, el Estado de Derecho, la Independencia Judicial, principio de igualdad entre españoles, y separación de poderes.
EL DISCURSO DEL TIRANO DE LA MONCLOA
«Buenos días, Egun on, Bon dia, Bos días,
Presidente del Congreso de los Diputados, Estimados diputados y diputadas, compatriotas, conciudadanos que nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales,
Manifestarse en las calles es una de las formas de ejercer la democracia que reconoce nuestra Constitución. Estos días hemos escuchado a miles de ciudadanos expresarse libre y legítimamente en protestas convocadas por el PP y Vox. A todos quienes han ejercido este derecho de modo pacífico, subrayó pacífico, quiero trasladarles mi respeto y mi reconocimiento porque han ejercido un derecho constitucional de participación política que emana de nuestra Constitución.
La Constitución solo contempla una forma superior de ejercicio democrático: votar en las elecciones. Precisamente ese es el procedimiento que la Constitución señala para la formación del gobierno y la investidura del presidente del gobierno.
Hoy y mañana, en esta Cámara, vamos a escuchar a los 25 millones de ciudadanos y ciudadanas que votaron el 23 de julio en unas elecciones constitucionales, convocadas y celebradas de forma impecablemente constitucional y al amparo de las reglas que fija la Constitución Española.
Hoy, en esta Cámara, vamos a escuchar -y a acatar- la voluntad del pueblo español expresada a través de sus representantes, tal y como reconoce nuestra Constitución.
Hoy y mañana, seguiremos las reglas de la democracia parlamentaria que fija la Constitución e iniciaremos el trámite constitucional que desembocará en la constitución del próximo gobierno constitucional de España.
Y lo haremos así porque así lo establece la propia Constitución y las leyes que emanan de ella; pero también porque aprendimos de nuestros padres, de nuestras madres y nuestros abuelos y de nuestras abuelas que solo hay democracia dentro de la Constitución. Fuera de la Constitución y sus reglas no hay democracia, sino imposición y capricho.
Y es importante Señorías, que tengamos este debate y que el gobierno que alumbre esta Cámara se ponga cuanto antes en marcha porque España, como Europa, como el mundo entero, vive transformaciones que no tienen precedentes en la historia de la Humanidad.
Algunas de ellas encierran un carácter netamente positivo, como es el caso del feminismo que aspira a terminar con el patriarcado y lograr, con ello, sociedades más justas e iguales.
En cambio, otras transformaciones serán beneficiosas o devastadoras, en función de la respuesta que se les dé. El ejemplo más palmario es el de la emergencia climática, que afecta a todo el planeta y representa ya una emergencia que nos obliga a transformar nuestras economías, nuestra movilidad, también la política energética y nuestros hábitos de consumo para conservar un planeta habitable tanto para las generaciones presentes como para las futuras. Solo les daré un dato: alcanzar la neutralidad climática en este siglo costará un 2.6% del PIB mundial. No alcanzarla, podría suponer una contracción del 30% de ese PIB mundial.
Una segunda transformación es el avance imparable de la globalización, exenta de un sistema multilateral eficaz, lo que multiplica las desigualdades entre países y produce intensos y descontrolados movimientos migratorios. Movimientos migratorios que se ven exacerbados por la emergencia climática, la falta de oportunidades en los países de origen, la persecución del diferente en regímenes dictatoriales y por el auge o enquistamiento de conflictos armados.
Lo estamos viendo en Ucrania y en Oriente Medio. Fuimos testigos en Siria, Irak y Afganistán. Y con la misma determinación con la que España ayuda al agredido, Ucrania, frente al agresor, la Rusia de Putin, por su flagrante violación del Derecho Internacional; con la misma determinación exigimos el inmediato alto al fuego humanitario de Israel sobre Gaza y el estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario que hoy, claramente, no se está respetando.
Que no haya ningún tipo de dudas: estamos con Israel en la repulsa y la respuesta al atentado terrorista que este país sufrió el pasado mes de octubre, cuyos autores deben comparecer ante la justicia y rendir cuentas. Exigimos la inmediata liberación de los rehenes capturados por Hamas.
Pero, con idéntica claridad, rechazamos la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza y Cisjordania. Reclamamos el inmediato alto el fuego; que cesen las bombas; que entre de manera inmediata la ayuda humanitaria que necesita el pueblo palestino; que se abra paso la diplomacia con la celebración urgente de una Conferencia de Paz; y que la solución justamente y largamente demandada por el pueblo palestino de reconocimiento de su Estado sea avalada por la comunidad internacional.
Y en ese sentido, quiero trasladarles un compromiso: inspirándonos en la resolución de las Cortes Generales de 2014, el nuevo gobierno trabajará para que Europa, y por supuesto, España, reconozcamos el Estado palestino.
Y por supuesto, España y Europa debemos continuar apoyando a Ucrania hasta que el último soldado ruso abandone un país que quiere ser libre y europeo, logrando con ello una paz justa y duradera entre Rusia y Ucrania, y también en consecuencia entre Rusia y Europa.
Señorías,
Les decía: emergencia climática, desigualdades entre naciones y regiones, auge de conflictos bélicos… a las que se une el aumento de las desigualdades dentro de nuestros países, tras décadas de políticas neoliberales fracasadas, que devaluaron las condiciones materiales de la clase media y de los trabajadores y trabajadoras y que socavaron los cimientos del Estado del bienestar.
También, la cuarta revolución industrial y la explosión de la Inteligencia Artificial cuestionan el control del ser humano sobre la tecnología y presagian una sustitución de buena parte de los trabajos presentes.
Un reemplazo que podría alcanzar a la mitad de los empleos actuales. Muchas de estas transformaciones han estado presentes durante la Presidencia de la Unión Europea que está desempeñando España en este semestre.
Sirvan como ejemplo: el refuerzo del Pilar Social, la reforma del mercado eléctrico, la culminación esperemos que antes de que finalice el año del Pacto de Migración y Asilo, el aumento de la ayuda humanitaria española y europea a Gaza, la nueva gobernanza económica, el reglamento sobre la Inteligencia Artificial o los preparativos de cara a la próxima y trascendente COP28, donde Europa y España están llamadas a liderar con el ejemplo en el cumplimiento de los Acuerdos de París.
El liderazgo activo y constructivo de España en todos estos debates globales y con fuerte impacto social demuestra que España ha ido recuperando poco a poco el peso internacional: no porque hablemos con fluidez uno u otro idioma, sino porque España es hoy vista por muchos países de nuestro entorno como un socio fiable y comprometido ante los grandes desafíos que afronta la humanidad.
Quiero decirles a los ciudadanos que estén siguiendo este debate que soy plenamente consciente de que todas estas transformaciones provocan un sentimiento de indefensión en amplios sectores de nuestra población, que se sienten desamparados y desprovistos de certezas ante estos cambios tan disruptivos y vertiginosos.
Hay muchos trabajadores y trabajadoras, autónomos y miembros de la economía social, que ven peligrar sus empleos y sus negocios por la deslocalización de actividades económicas, que se trasladan a países que desgraciadamente tienen menos libertades y menos protecciones sociales y laborales o la sustitución de sus empleos por ingenios automatizados.
Hay trabajadores y desempleados que miran la migración con recelo al sentir un potencial riesgo de ver dañada su contribución en el mercado de trabajo. Hay zonas geográficas enteras, también en España, amenazadas por la escasez de agua, los incendios y la desertificación que impactan de lleno sobre sectores productivos tradicionales de extraordinaria importancia y arraigo en nuestras sociedades (la agricultura, la ganadería y la pesca), como también sobre sectores como el turístico, el transporte… expuestos todos ellos y muchos más a las consecuencias de la emergencia climática que acelera. Hogares a los que les cuesta cada vez más llegar a fin de mes.
El alto coste de la vida, la imposibilidad de poder acceder a una vivienda digna – que es uno de los problemas seculares de nuestra democracia… – todas estas duras realidades cotidianas de la gente de a pie exigen una respuesta firme y comprometida por parte de los poderes públicos.
Lo que tenemos que hacer es reforzar el Estado del bienestar, ensanchando la red de protección social. Justo lo contrario a los recortes y al desmantelamiento de lo público que proclama el pensamiento neoliberal de los de arriba.
Si estas situaciones de estrés e incertidumbre no reciben una respuesta positiva por parte de la democracia, este sentimiento de inseguridad, de incredulidad y desconcierto puede extenderse más y más entre la población y alimentar expresiones políticas reaccionarias que acaben por minar las propias bases de nuestra democracia.
En resumen, o la democracia responde proporcionando seguridad, o el sentimiento de inseguridad social legítimo que tienen muchos ciudadanos como consecuencia de las revoluciones que están pendientes, se va a convertir en rabia, y esa rabia acabará por nutrir propuestas políticas que acaben socavando a la propia democracia.
Me refiero, como es obvio, a propuestas reaccionarias que cristalizan en formaciones políticas de ultraderecha, que cuestionan la democracia y los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se cuestiona el feminismo, se está cuestionando una causa que impacta sobre los derechos humanos. Propuestas reaccionarias que descalifican a la ciencia, lo hemos vivido durante la gestión de la pandemia. Propuestas reaccionarias que niegan la evidencia científica del cambio climático, lo vivimos cada día, que desprecian la cultura, que atacan al diferente por ser diferente, y que atacan causas tan justas como el feminismo.
Y me refiero también a ideas reaccionarias que acaban por parasitar a los partidos de la derecha tradicional (el Partido Republicano en EEUU colonizado por el trumpismo, el Partido Conservador Británico arrastrado por el Brexit y que ahora estamos viendo que recupera a su principal hacedor, las corrientes del PP europeo que claudican ante la ultraderecha, o la derecha tradicional argentina arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei…).
Ese es el dilema al que se enfrenta el mundo, el dilema al que se enfrenta Europa y también, en consecuencia, la disyuntiva en la que se encuentra España.
O la democracia proporciona seguridad o la inseguridad acabará con la democracia. O afrontamos todas esas transformaciones con justicia social y desde la justicia social o las bases de nuestra prosperidad se debilitarán. O España continúa avanzando o España retrocede.
Esta es la disyuntiva a la que nos enfrentamos. Es una disyuntiva que va mucho más allá de la clásica distinción entre izquierdas y derechas.
Lo que chocan son dos formas distintas de entender la sociedad y afrontar el presente y el futuro de España. Como ya sucedió hace cien años, en momentos de cambio intenso se libra una intensa contienda ideológica y política entre una opción reaccionaria y una opción progresista.
La opción reaccionaria e involucionista promete un ilusorio regreso a un glorioso pasado mitificado y falso. Una opción que, como todos los movimientos demagógicos desde la Grecia Clásica, señala culpables expiatorios y no ofrece soluciones reales.
En un tiempo fueron los izquierdistas, otras veces las autoridades comunitarias; y siempre, siempre, las feministas, los sindicalistas, los migrantes, el colectivo LGTBI, los ecologistas, y de nuevo la izquierda.
Frente a esta opción reaccionaria se alza una opción que apuesta por el avance, por la consolidación y la extensión y mejora de las grandes conquistas sociales. Una opción que brinda la seguridad de la solidaridad organizada como respuesta a los temores individuales.
Toca decidir si afrontamos estos retos de cara o dejamos que la desigualdad se desboque y precipitamos una catástrofe medioambiental que condicionará el bienestar de las generaciones presentes y futuras y, también, de nuestra especie.
Nos corresponde optar por el avance o el retroceso. También toca decidir si mejoramos y aumentamos los servicios públicos y las prestaciones sociales o retrocedemos a los postulados neoliberales y austericidas que tanto dolor causaron a muchas generaciones desde las crisis financieras.
De nuevo, debemos optar entre avanzar o retroceder. De igual modo, ha llegado el momento de reafirmar nuestro compromiso con la democracia.
En lo que va de siglo, el número de regímenes autocráticos ha crecido un 20%, y las democracias han retrocedido a los niveles que tenían en 1986. Una cuarta parte de la población mundial piensa que esto es una buena noticia.
Que, en tiempos frenéticos y complejos como los actuales, es mejor dejar el gobierno en manos de líderes autoritarios que decidan solos, sin tener que responder a parlamentos, elecciones o medios de comunicación. Y hay quienes pensamos que esto es una temeridad.
Que eso ya se intentó antes y desembocó en resultados catastróficos, en regímenes criminales.
Quienes pensamos, en definitiva, que las democracias son los sistemas que garantizan mayor crecimiento económico, mayores niveles de paz y libertad, mayor número de derechos y justicia social. Debemos elegir.
Como también debemos elegir si queremos seguir avanzando en la dignidad del trabajo, el empoderamiento de las mujeres, el respeto a la diversidad sexual, la integración de las personas migrantes, y también, en el continuo azar que tienen muchísimas personas discapacitadas y que necesitan y reclaman esa dignidad que las autoridades públicas deben otorgarles y la creencia de que una sociedad plural es una sociedad mejor.
O si, por el contrario, secundamos a los profetas del odio que quieren encerrar a las mujeres en las cocinas, a las personas LGTBI en los armarios, y a los inmigrantes en campos de refugiados.
La humanidad se enfrenta a un dilema existencial. Las decisiones que tomemos hoy condicionarán el mundo en el que viviremos el resto de nuestras vidas y legaremos a nuestros hijos.
Es mucho lo que está en juego. Y –como les digo– existen solo dos alternativas. Por un lado, esa propuesta de las derechas retrógradas que quieren desmantelar prácticamente todos los avances que hemos logrado durante estas últimas décadas.
Estas derechas rezuman clasismo, reniegan de las conquistas en derechos y dignidad laboral, rechazan el Estado del bienestar, niegan el cambio climático, desprecian a quienes aman de forma distinta a ellos, imponen un modo único y excluyente de sentir y ser españoles – por cierto, nosotros somos tan españoles como ustedes, no somos menos españoles que ustedes – y se oponen al protagonismo de las mujeres en la sociedad. En definitiva, rechazan los cambios, renuncian a reconducirlos y solo proponen el retorno al pasado.
Frente a ellas, existen unas fuerzas progresistas que no están dispuestas a dar un paso atrás. Fuerzas que conocen bien los problemas a los que nos enfrentamos. Y que están, además, convencidas de que esos problemas pueden superarse; y de que, si tomamos las decisiones correctas, Europa y España y los valores que encarna tienen un futuro brillante por delante y puede iluminar con su modelo al resto del mundo.
Las derechas retrógradas siguen dogmas económicos trasnochados, ignoran a los expertos y cuestionan las aportaciones de la ciencia y, en consecuencia, se muestran incapaces de gestionar lo público. Son tan incapaces de resolver problemas como capaces de instigar al odio y la rabia social. Dominan la técnica reaccionaria.
Y solo muestran su destreza en aprovechar los miedos y frustraciones legítimas de una parte de la población para ganar poder. Sin embargo, una vez que llegan al poder precipitan el caos, como se vio con el estruendoso fracaso de la primera Ministra Liz Truss, el descalabro del Brexit o en la errática gestión de la pandemia.
Son incompetentes en la gestión, pero son de una temible eficacia en la propagación del resentimiento y el odio.
En la última década, los partidos de ultraderecha han duplicado sus votos en Europa, se han hecho con 1 de cada 4 escaños en los parlamentos nacionales, y han entrado en 12 gobiernos estatales y centenares de gobiernos regionales y locales. No lo han hecho solos, es verdad.
Les hubiera resultado imposible. Los partidos de extrema derecha se han expandido gracias a una derecha tradicional que los ha bendecido como compañeros de viaje y les ha abierto las puertas de esos gobiernos.
Como consecuencia de ello, hoy, más del 27% de los europeos viven en un país gobernado por estas fuerzas reaccionarias. Durante muchos años, España y los españoles nos hemos librado de este flagelo.
Los analistas internacionales celebraban que un país tan relevante como el nuestro fuese capaz de mantener a la extrema derecha fuera de sus instituciones y de los gobiernos, y alababan a la sociedad española por ello. Desgraciadamente, eso empezó a cambiar hace cuatro años, cuando la ultraderecha irrumpió con fuerza en este Parlamento, aunque no con la suficiente como para alcanzar resortes efectivos del poder.
El cambio radical, en todo caso, se consumó el pasado 28 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales celebradas en nuestro país. Aquel día, el PP tuvo que elegir qué clase de derecha quería ser. La derecha responsable, si podemos calificarla así, que comprende la necesidad de frenar el avance de la ultraderecha antes de que sea demasiado tarde. O la derecha irresponsable que la blanquea y legítima para llegar al poder.
Aquella noche, el señor Feijóo pudo elegir ser como Ursula Von der Leyen, Emmanuel Macron, o Donald Tusk. Pero no lo hizo. Se adentró en el camino de la perdición que había iniciado unos meses antes, en Castilla y León. Unió su destino a la ultraderecha. Cortó el frágil cordón sanitario que, pese a todo, había mantenido su predecesor –el señor Casado– y se sumó al club reaccionario de Trump, Le Pen, Orban y Santiago Abascal.
El PP decidió bendecir a la ultraderecha y le abrió las puertas a 5 gobiernos autonómicos, – por cierto con carteras no menores que llevan por ejemplo interior y justicia, que son responsables del cuidado y de la seguridad de las mujeres que sufren violencia de género-, 5 diputaciones y 135 ayuntamientos.
O lo que es lo mismo, le dio la potestad para afectar la vida de más de 12 millones de españoles y españolas. Y le brindó la plataforma para propagar su mensaje de odio e incluso lo hizo parcialmente suyo, siguiendo un modelo ya ensayado por la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid. Las consecuencias de ese pacto de la ignominia ya se están viendo.
En Castilla y León, el PP y Vox han recortado los presupuestos destinados a formar a personas en paro, a integrar inmigrantes y a combatir la violencia de género, mientras tratan de extinguir el diálogo social entre los sindicatos y la patronal.
En Aragón, han vetado charlas para la prevención de violencia de género destinada a adolescentes, han eliminado la Dirección General que lucha contra el cambio climático, y están recortando las horas de consulta médica en zonas rurales.
En Madrid han anunciado la derogación por trámite de urgencia de la ley LGTBI, y el desmantelamiento de la red contra la LGTBI fobia. Todo este desmontaje legal implica el recorte de derechos y libertades; e implica algo muchísimo más grave, implica hacer aún más vulnerable a quien ya de por sí se siente vulnerable.
Hoy más que nunca es necesario un Pacto de Estado por las personas LGTBI, y el nuevo gobierno de coalición progresista se compromete a sacar ese Pacto de Estado. En Madrid, Valencia y Extremadura, las derechas han bajado los impuestos a las rentas más altas, al tiempo que han reducido el gasto en sanidad pública, dejando a miles de niños sin plaza en escuelas infantiles y comedores escolares, y duplicando el precio de los billetes y abonos de autobús.
En las Islas Baleares, se disponen a cerrar la Oficina de la lucha contra la corrupción, mientras promueven la opacidad en las declaraciones de bienes de los cargos públicos.
En muchos ayuntamientos, el PP y Vox han eliminado los carriles bici, han suspendido licencias fotovoltaicas, y han frenado la implantación de zonas de bajas emisiones, teniendo que renunciar por ello a fondos europeos.
En otros, han eliminado la educación sexual de los institutos, han recuperado los nombres franquistas del callejero, han retirado los libros de las bibliotecas municipales y censurado conciertos, películas y obras de teatro.
Todo ello –por cierto– al mismo tiempo que se han subido el sueldo, aumentado el número de asesores, y ejercido toda clase de nepotismos.
Demostrando que el problema no era que el Estado fuese grande o pequeño, central o autonómico; el problema era que ellos no lo ocupaban.
Se dirá que no hay nada definitivo en toda esta agenda reaccionaria que ha puesto en marcha el PP y Vox.
Y es verdad. Pero la historia enseña que así sucede siempre en los comienzos de las oleadas reaccionarias.
Si seguimos normalizando a la ultraderecha, si le seguimos dando cotas de poder, irán elevando la agresividad de sus políticas y se irán mimetizando con sus referentes internacionales.
Se empieza desmantelando la negociación colectiva y se acaba recortando las prestaciones por desempleo, facilitando el despido, y aumentando la temporalidad de los contratos, como están haciendo en países gobernados por la derecha y la ultraderecha en Europa.
Se empieza suspendiendo licencias para las energías renovables y se acaba volviendo al carbón, talando un 10% de los bosques, y aumentando las emisiones de CO2, como están haciendo gobiernos europeos de derechas con la ultraderecha.
Se empieza asociando las personas migrantes a la delincuencia y se termina por denegar auxilio en el naufragio mortal de cientos de seres humanos.
Se empieza negando el acceso a determinados medios de comunicación y se acaba amordazando al poder judicial y censurando a la prensa, como está ocurriendo también en países gobernados por la derecha y la ultraderecha.
Se empieza cuestionando a las instituciones europeas y se termina haciendo campaña por la salida de la Unión Europea y el cierre de fronteras y, si no, miren lo que está pasando en otros países europeos.
Y si, en nuestro país, estos movimientos no han ido más lejos en el desmantelamiento de los valores constitucionales y democráticos, no ha sido por falta de voluntad, ni mucho menos por límites políticos o morales.
Tampoco, desgraciadamente, porque la derecha conservadora les haya exigido desistir.
El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el Gobierno de coalición progresista de España.
Solo un gobierno progresista en España fue capaz de paralizar el chantaje institucionalizado que PP y Vox quisieron imponer en Castilla y León a las mujeres que querían interrumpir su embarazo.
Solo un gobierno progresista en España fue capaz de aprobar normas de urgencia para impedir que el brote de tuberculosis bovina que apareció en esa misma comunidad, de la mano de las políticas de Vox, se extendiese por toda España.
Solo un gobierno progresista en España fue capaz de recurrir a la censura educativa que intentó legalizar el gobierno de la derecha y la ultraderecha en la región de Murcia.
Solo un gobierno progresista en España fue capaz de recurrir y de anular el veto a la ley de eutanasia que trataba de establecer el gobierno regional de la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular es indistinguible, en el fondo y en las formas, de los elementos más exaltados de la ultraderecha.
Y solo un gobierno progresista en España con el apoyo de la Unión Europea, señorías, ha sido capaz de defender nuestro mayor patrimonio natural, el Parque Nacional de Doñana, frente a una Proposición de Ley del PP y Vox en Andalucía, que lo amenazaba de muerte.
Un gobierno progresista que defiende con hechos la igualdad entre españoles. Porque defender la igualdad es subir el SMI. Es aprobar una reforma laboral de la mano de los agentes sociales que ha recuperado derechos para los trabajadores y ha reconocido otros nuevos.
Es revertir los recortes infligidos durante la crisis financiera con la respuesta neoliberal al Sistema Nacional de Dependencia.
Es eliminar los copagos farmacéuticos a las clases más vulnerables y recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud que ustedes quebraron cuando estuvieron en el gobierno.
Igualdad entre españoles es que haya un millón de estudiantes con becas. Y que puedan acudir a su centro educativo en transporte público gratuito. Es revalorizar las pensiones conforme al IPC. Es aprobar impuestos a las grandes fortunas, a la gran banca y las empresas energéticas para poder sufragar toda esa protección social.
Y a todas estas medidas, la ultraderecha y la derecha han votado sistemáticamente en contra.
¿Traducimos todas estas medidas en realidades cotidianas de la gente?: La igualdad son los 23.000 jóvenes extremeños y extremeñas que podrán estudiar este curso gracias a una beca. Son las casi 60.000 mujeres en Castilla y la Mancha que podrán pedir una hipoteca o pagar facturas gracias a que cuentan con un contrato indefinido que antes no tenían. Igualdad son los 264.000 hogares andaluces con bono social eléctrico que se librarán de pasar frío este invierno.
Igualdad son los 2,3 millones de españoles que antes no tenían empleo y ahora sí lo tienen. Son los 2 millones y medio de asalariados que han visto cómo sus ingresos han crecido de los 735 a los 1.080 euros al mes por la subida del SMI. Igualdad son los 9 millones de jubilados y jubiladas que no han perdido poder adquisitivo gracias a la revalorización de las pensiones y la reconstrucción del Pacto de Toledo. Son los 14 millones de trabajadores que han recuperado derechos con la reforma laboral. Igualdad son esas personas que están detrás de las cifras.
¿Quiere esto decir que la desigualdad ha desaparecido? Ni mucho menos. Quedan aún muchísimas cosas por hacer, pero la dirección emprendida es la correcta. La única igualdad que peligra es la de las mujeres por los acuerdos del PP con Vox. Si algo ha dejado claro la derecha reaccionaria es que no se va a detener.
Por eso, en este debate elegiremos algo muy importante: o bien alzamos un muro ante esos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y, también, constitucional o bien les damos un salvoconducto. Yo quiero anunciarles [que] mientras sea presidente del Gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores democráticos y las libertades y los derechos de los españoles.
Ni un solo retroceso, ni una sola involución, ni un paso atrás va a contar con el beneplácito ni con la indiferencia del gobierno de España. Ninguno.
Hoy, aquí, en esta sesión, nos toca elegir camino. O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia. Porque esas mismas corrientes, esos mismos alineamientos que se expresan en otros países europeos y en otras naciones occidentales, están presentes en esta Cámara. Y traducen dos formas de entender la política que trascienden los ejes de la izquierda y derecha.
Por un lado, hay fuerzas conservadoras y reaccionarias representadas en el PP y Vox que quieren retroceder. Que creen que todo lo que se ha hecho en los últimos cuatro años es peor que malo, es pernicioso.
Y por otro, estamos los partidos que queremos avanzar. De formas distintas. Con diferencias muy importantes. Pero que quieren y queremos avanzar. Lo que se decide hoy, es a quién le entregamos las riendas del gobierno para los próximos cuatro años. Cuál de esos dos caminos opuestos tomamos.
Lo que hoy se expresará en esta Cámara y mañana también, cuenta con la máxima legitimidad, puesto que deriva de la voluntad democrática de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país expresada con su voto.
Pero además coincide con el sentir aún más mayoritario de los españoles y las españolas cuando se les sondea sobre sus preferencias concretas: El 75% de nuestros compatriotas piensan que hay que reforzar el estado del bienestar y que, para ello, debemos aumentar los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas.
Y esa opinión es tan mayoritaria que es preponderante incluso entre los votantes de derechas. Sin embargo, allí donde gobiernan PP y Vox hacen justo lo contrario.
Eliminan el impuesto de sucesiones a quienes heredan más de un millón de euros, impugnan un impuesto sobre el patrimonio que solo afecta a quienes tienen más de 3 millones de euros y –al mismo tiempo– saturan los servicios sanitarios y dejan a miles de niños sin plaza en las guarderías y colegios públicos.
Podría poner otros muchos. El 92% de los españoles quieren que se fomenten las energías renovables.
Y el PP y Vox recortan las ayudas y cuando gobernaron, pusieron un impuesto al sol. El 75% de los españoles apoya el escudo social creado por el gobierno para hacer frente a los efectos de la inflación por la guerra de Ucrania. Y el PP y Vox se oponen.
El 91% se muestra partidario de que las personas LGTBI tengan los mismos derechos y visibilidad que el resto. PP y Vox se inhiben y aún alimentan la discriminación y el odio contra ellas.
En suma: la mayoría de españoles y españolas no comparten estas tesis y estas posiciones reaccionarias. No comparten ni sus valores ni sus objetivos. España es un país tolerante, abierto, igualitario, y concienciado con el cambio climático.
Por eso estoy aquí ante ustedes. Señorías, comparezco en esta sesión de investidura para proponer el camino del avance, el camino de la mayoría, el camino del progreso.
Vengo a defender que descartemos la política del insulto, del odio y la crispación; que aparquemos el negacionismo climático, el clasismo, el machismo y la xenofobia. Vengo a proponer que demos a España cuatro años más de estabilidad, de convivencia y progreso; y que digamos no a los reaccionarios cuyo único propósito es la involución y la confrontación.
Vengo a proponer que prosigamos un camino que iniciamos hace un lustro y que arroja un saldo positivo para España y para la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, hayan votado lo que hayan votado.
Un balance en el que también hemos cometido errores y carencias como en cualquier acción humana.
Errores involuntarios por los que hemos pedido disculpas. Carencias que nos proponemos suplir en un nuevo mandato. Pero un balance en el que destacan logros incuestionables. O mejor, solo cuestionables desde el partidismo extremo o la mala fe.
Y logros que encierran particular mérito porque se han alcanzado en medio de la coyuntura internacional más difícil de las últimas décadas. Y a pesar del hostigamiento constante de la oposición más estéril y bronca que ha conocido nuestra democracia. Una España que hoy es un país más próspero que cuando llegamos al gobierno.
Somos la gran economía de la UE que en este contexto internacional tan complejo con múltiples crisis y también con guerras en el frente oriental y también, lógicamente en Oriente Medio, está creciendo y la que más crecerá en 2024 – acabamos de conocer las perspectivas económicas de la Comisión Europea-. Tenemos una de las inflaciones más bajas de Europa, la energía más barata, unos niveles de inversión extranjera récord que demuestra la confianza de los inversores en las posibilidades y las capacidades de nuestro país, y los mejores datos de empleo de nuestra historia, con dos millones de personas empleadas más que cuando gobernaba el PP.
Y todo ello, con paz social. Hoy, España tiene un Estado del bienestar más amplio y robusto que cuando gobernaba el PP. Tenemos más sanitarios – sin duda alguna necesitamos más-, más profesores, y más estudiantes becados que hace cuatro años.
Y el dinero que el Estado invierte en el bienestar de cada ciudadano ha pasado de los 6.300 euros al año, a los 7.600 euros anuales. Hoy, España también es un país un poco más justo, quedan muchísimas desigualdades aún por erradicar, pero es mucho más justo gracias a que hemos reducido la desigualdad y el número de personas que viven en riesgo de pobreza.
Creo que corresponde reconocer a esta Cámara y también lógicamente al gobierno el poder haber afrontado y amortiguado las consecuencias nefastas que sobre la desigualdad hubiera tenido con otra respuesta la pandemia en nuestro país.
Hemos mejorado la igualdad de oportunidades en la escuela, y hemos recortado la brecha salarial entre hombres y mujeres hasta ser una de las más bajas de la OCDE.
También hemos cosechado grandes avances en sostenibilidad. Hemos incrementado en tan solo cuatro años en un 40% nuestra potencia instalada de energías renovables, descarbonizado fases enteras de nuestros procesos productivos, y logrado reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 14% con la economía creciendo Y, al tiempo que hacíamos eso, nos hemos vuelto una democracia más robusta e influyente.
Se habla de dictaduras y democracias, pero hemos mejorado nuestra posición en todos los rankings internacionales de calidad democrática y Estado de derecho, y ganando un prestigio y una influencia internacional que antes no teníamos y que nos está permitiendo defender mejor nuestros valores e intereses.
Los resultados están ahí, están a la vista de todos. Queda por hacer, pero el balance es positivo. Los reconocen la Comisión Europea, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional. Las medidas de esta coalición progresista han funcionado. Queda mucho por hacer. No nos conformamos.
Sabemos de los problemas y necesidades de la clase media y de los trabajadores y trabajadoras. Pero, para su resolución, la dirección tomada estos últimos años es la acertada.
Y hoy vengo a solicitar su apoyo para seguir transitando por el mismo camino que empezamos hace cinco años. La líder de Sumar y vicepresidenta, Díaz, y yo presentamos las bases hace un par de semanas.
Aquí me gustaría compartir con ustedes los que a mi juicio son sus objetivos principales. Ocho compromisos que adquirimos con la ciudadanía española y sus representantes, que son ustedes, los diputados y diputadas.
El primero, la principal preocupación de los ciudadanos, que es culminar la modernización que pusimos en marcha la pasada legislatura, transformando en clave verde y digital desde una perspectiva de inclusión social y territorial nuestro tejido productivo.
Redoblaremos nuestra apuesta por la innovación, la formación y la digitalización, y desplegaremos 115.000 millones de euros de los fondos europeos para ayudar a que este proceso de cambio llegue a todos los puntos territoriales de nuestro país y, también, a nuestras PYMES, autónomos y economía social. Todo ello, para alcanzar dos metas fundamentales.
Por un lado, tener más y mejores empleos. Más y mayores empresas. Más start ups. Más economía social. Vamos a seguir creando trabajos de calidad, y ayudando a los jóvenes y a los parados a incorporarse al mercado laboral, hasta lograr alcanzar el pleno empleo.
Una ambición siempre soñada y nunca lograda antes en nuestro país. Y –de la mano del diálogo social– vamos a impulsar además una cultura laboral distinta, que permita conciliar mejor esa asignatura pendiente que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país que es la corresponsabilidad laboral, personal y familiar.
Para que España sea uno de esos países en los que la gente trabaja para vivir y no vive para trabajar.
Por eso les anuncio que esta legislatura será la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores. La legislatura en la que garantizaremos por ley que el SMI siga aumentando cada año para mantenerse en el 60% del salario medio, la legislatura en la que impulsaremos una reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, incorporando incentivos para que las empresas ofrezcan horarios más flexibles y potencien el teletrabajo siempre que sea posible.
Nuestra segunda meta será que el poder adquisitivo de los españoles vuelva a crecer. Somos junto con Francia el que hemos recuperado más poder adquisitivo durante estos últimos años, desde la pandemia.
Nuestro país tiene una de las inflaciones más bajas de Europa. Pero sé perfectamente que eso no significa que el problema haya pasado. Sé que la vida aún está cara. Que a muchos ciudadanos les cuesta pagar la hipoteca, ahorrar, irse de vacaciones o simplemente llenar la cesta de la compra.
Somos muy conscientes desde el Gobierno. Vamos a dejarnos la piel para revertir esta situación, con medidas de medio y largo plazo, acometiendo las reformas para mejorar la productividad de nuestro país.
Pero también con medidas de corto, para ayudar a resolver el problema mañana y no dentro de diez años. En concreto, les anuncio que, en los próximos meses, aprobaremos tres grandes acciones: En primer lugar, vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024.
Vamos a elevar el umbral de renta media, de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros, para que más familias puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario en vigor, que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años.
Y, además, a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes, y también para las personas desempleadas. Ya nos comprometimos a que durante 2024 se mantendría la reducción del precio de los abonos transporte, pero queremos dar un paso más: en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos queremos que esta política de transporte público gratuito sea permanente y consolide a España como un referente en sostenibilidad medioambiental.
Junto con la economía y el empleo, nuestro segundo compromiso será seguir reforzando el Estado del bienestar para mejorar la vida de la gente. Empezando precisamente por el Sistema Nacional de Salud.
Es inadmisible que un ciudadano tenga que esperar más de tres meses para tener una primera consulta con un médico especialista. O 200 días para operarse de una hernia que le impide levantarse de la cama. Soy consciente de que esta competencia está en menos de las CCAA.
Pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso vamos a poner en marcha, con los gobiernos autonómicos que lo deseen, un plan para lograr una reducción drástica de las listas de espera.
También vamos a reforzar la atención primaria, como hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a ampliar la cartera de servicios públicos para incluir tratamientos bucodentales y oftalmológicos para nuestros jóvenes.
Y vamos a promover un gran Pacto de Estado por la Salud Mental que aumentará el número de psicólogos y psiquiatras de los centros públicos, reducirá los tiempos de espera, y garantizará que en España no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla.
La mejora de la vida de las personas se procura también con la apuesta en favor de una educación pública de calidad, una ciencia puntera y una cultura libre y accesible para todos. Por eso, en esta legislatura, vamos a seguir mejorando las condiciones de formación del profesorado, ampliando las ayudas de comedor y la disponibilidad de actividades educativas extraescolares, incrementando la dotación de las becas y reduciendo el precio de las tasas universitarias.
Vamos a incrementar la financiación de nuestros centros de investigación, vamos a fomentar una mayor colaboración público-privada en I+D+i, vamos a mejorar las condiciones laborales de nuestros científicos y científicas a través del Estatuto del Personal Docente e Investigador, y vamos a recuperar todos esos cerebros españoles que tuvieron que irse al extranjero como consecuencia del abandono del PP a nuestro sistema nacional de ciencia.
Vamos a aprobar una Ley de Derechos Culturales que garantizará el acceso de todas las personas y todos los territorios a la cultura, vamos a ampliar la presencia de la cultura y la creatividad artística en las escuelas e institutos, vamos a dar más ayudas a los creadores, y vamos a mantener el Bono Cultural Joven.
Vamos a mejorar la vida de los mayores porque significa brindarles certezas y asistencia y es un asunto de mera justicia tras una vida de trabajo y esfuerzo. Para blindar la dignidad y el bienestar de nuestros mayores, les anuncio que seguiremos revalorizando las pensiones conforme al IPC, y aumentaremos los recursos destinados a la dependencia, para conseguir un modelo asistencial de mejor calidad, más personalizado, que priorice la atención domiciliaria.
Cumpliremos con el mandato del Pacto de Toledo. Nos decían que teníamos que revalorizar las pensiones conforme el IPC, pero también destinar al Fondo de reserva 5.000 millones de euros cada año para que los trabajadores de hoy tengan pensiones dignas en el futuro.
Mejorar la vida de las personas significa asistir a quienes más lo necesitan. En estos días se han proclamado muchas cosas, pero hemos escuchado decir a un líder de la extrema derecha argentina, apoyada por la derecha conservadora argentina. Hay que hacérselo mirar, señor Feijóo, para que el señor Rajoy apoye al candidato Miley a la presidencia de Argentina.
Hemos escuchado decir a un líder de la ultraderecha argentina lo siguiente: «la justicia social es una aberración y es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley». Algo que en España estamos curados de espanto y nos sorprendería, si no fuese porque ya lo había dicho unos meses antes la líder intelectual del PP –la señora Ayuso– cuando afirmó que la justicia social es un «invento de la izquierda» para promover «la cultura de la envidia».
Pues bien, el gobierno de coalición que represento no considera la justicia social una aberración. Antes bien, la considera la condición misma de la vida en sociedad. Porque eso es justamente el patriotismo, sabernos ligados los unos a los otros, ser conscientes de que navegamos todos en el mismo barco, y de que el bienestar de cada uno de nosotros depende del bienestar básico de cada miembro de nuestra comunidad.
Por eso, vamos a seguir apoyando más a quienes más lo necesitan, dentro y fuera de nuestras fronteras, y por eso vamos a reforzar el Ingreso Mínimo Vital, simplificando los requisitos de acceso, para que más hogares puedan cobrarlo, y nuestros niveles de desigualdad y pobreza sigan bajando.
Señorías,
Soy consciente de que, muy a menudo, si el Estado del bienestar no sirve mejor a los ciudadanos es porque la administración es lenta, excesivamente burocrática y farragosa.
Vamos a abordar en serio ese problema durante esa legislatura. Les anuncio que, en esta legislatura, simplificaremos todos los trámites administrativos, y pondremos los intereses y las necesidades del usuario en el centro del sistema. Por eso, estableceremos un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria.
Y fijaremos por ley un máximo de 30 días para la recepción de prestaciones como las ayudas a la dependencia. Como ven, nos proponemos mejorar drásticamente la forma en la que opera nuestro Estado del bienestar.
Y queremos hacerlo, además, al tiempo que seguimos reduciendo el déficit público. Porque este es un Gobierno comprometido con la disciplina fiscal. ¿Cómo? Mejorando la eficiencia de la administración pública, combatiendo la economía sumergida, ensanchando nuestras bases fiscales, incrementando la progresividad del IRPF, y garantizando un impuesto mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades.
Hay que acabar de una vez por todas con la evasión fiscal de las grandes fortunas y las grandes multinacionales. Los ricos tienen que pagar más impuestos de los que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto.
Porque lo justo –lo que mandata nuestra Constitución– es que contribuya más, quien más tiene. Y hablando de la Constitución, a ver si, por fin, esta es la legislatura en la que modificamos el artículo 49 de la Constitución y reconocemos la dignidad de las personas con discapacidad.
Una vida mejor depende, ante todo, de un techo que la cobije dignamente. Por eso, nuestra tercera prioridad será mejorar el acceso a la vivienda. Porque este es, a día de hoy, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan muchos ciudadanos y muchos de nuestros jóvenes.
La subida de los alquileres, el encarecimiento de las hipotecas y la dificultad de ahorrar han hecho que cada día sea más difícil desarrollar un proyecto vital. En la pasada legislatura tomamos algunas medidas incipientes a este respecto. Pero sabemos que aún tenemos que hacer mucho más, siguiendo una premisa muy sencilla: ayudar a los inquilinos y a los pequeños propietarios. Vamos a apoyar a los jóvenes que quieren y no pueden independizarse.
Les anuncio que aumentaremos el bono para el alquiler; crearemos una línea de avales que les permitirá cubrir hasta el 20% de la hipoteca; y acometeremos la habilitación de las 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible que prometimos hace unos meses. También vamos a apoyar a todos esos españoles de clase media y trabajadora que tienen en la vivienda su principal instrumento de ahorro o una red de seguridad.
Vamos a ayudarles a reformar y modernizar sus viviendas, con un marco jurídico que las proteja y con incentivos fiscales para que aquellas que lo deseen puedan ponerlas en alquiler. El empeño por lograr una vida mejor tiene una premisa básica: defender la vida y el planeta.
Por eso, nuestra cuarta prioridad será impulsar una transición ecológica que ayude a mitigar y adaptarnos al cambio climático, proteja nuestra naturaleza, y genere riqueza y nuevas oportunidades en todo el territorio.
Seguiremos desplegando las energías renovables de forma responsable y coordinada, integrando a los vecinos en la toma de decisiones y en el reparto de beneficios. También vamos a favorecer las comunidades energéticas y a triplicar la potencia instalada de autoconsumo.
Todo ello para lograr que, a finales de esta década, la mitad de toda la energía que consuma nuestro país sea de origen renovable. El desafío de la transición energética requiere de un regulador independiente especializado y recursos técnicos adecuados para preparar el sistema energético para el objetivo ambicioso de neutralidad climática. Por eso, les anuncio que vamos a reestablecer la Comisión Nacional de la Energía, suprimida por el gobierno del PP y que será clave para garantizar el mejor funcionamiento del sistema energético y la diversificación de sus operadores.
Además, combatiremos la amenaza de la sequía, ampliando y modernizando infraestructuras, modernizando los recursos de los organismos hidrológicos competentes, cerrando pozos y regadíos ilegales, y ayudando a los agricultores a mejorar sus explotaciones. Somos muy conscientes de que España es una potencia mundial en agroalimentación y queremos que siga siéndolo.
Por ello vamos a dedicar una parte sustancial de los fondos europeos a modernizar el sector, e impulsar la agricultura ecológica y regenerativa. Vamos a aprobar una Ley de Agricultura Familiar que favorecerá este tipo de agricultura que genera mayor valor social y vinculación con el territorio. Y vamos a desplegar una Estrategia Nacional de Alimentación para España, que permita desarrollar toda la cadena de suministro alimentario, fomentar el empleo rural y mejorar la calidad de la alimentación.
Y seguiremos impulsando las ganancias de eficiencia y la circularidad de nuestra sociedad, con la ambición de que el tejido productivo acabe siendo un sistema simbiótico en el que nada se desperdicia y los residuos de un sector se convierten en los recursos productivos de otro. Yo sé que, a veces, la urgencia y escala de esta transición ecológica nos abruma y nos asusta. Pero créanme, podemos tener éxito.
Sin perder tiempo, pero sin dejar a nadie atrás. Aprovechando esta oportunidad para generar nuevos empleos y nuevas industrias por todo el territorio, mejorar nuestras ciudades, y cuidar nuestra salud.
Por cada euro que gastemos ahora en acometer la transición ecológica nos ahorraremos diez euros en daños, en las próximas décadas. La quinta prioridad va a ser garantizar que España siga siendo un referente mundial en igualdad. Mejorar la vida es mejorar la condición de la mitad de nuestra sociedad, es mejorar la vida de las mujeres, es alcanzar la plena igualdad.
«El feminismo es un cáncer. Si pudiera, lo quitaría [de las escuelas] y pondría una asignatura de costura, empodera más coser un botón». «Nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido, hay muchísimas mujeres de gran valía, CASI tanta como la de los hombres». «Si las mujeres cobran menos, es porque así lo deciden ellas». Y «si hay puestos con más hombres, es porque los hombres están genéticamente más adaptados».
Estas afirmaciones parecen sacadas de un manual de la Sección Femenina de la Falange franquista. Pero son declaraciones públicas realizadas por dirigentes de Vox en los últimos meses. Dirigentes que –conviene no olvidarlo– han accedido a sus cargos autonómicos y municipales gracias al voto favorable del PP.
Y las cito aquí, porque son un testimonio vivo del problema al que nos enfrentamos. A pesar de los muchos avances logrados en los últimos años, en nuestro país aún persisten prejuicios machistas. Las mujeres aún sufren un tratamiento desigual en muchos ámbitos y cobran salarios más bajos que los hombres. Esa falta de igualdad efectiva es una injusticia que atenta contra los principios paritarios de nuestra Constitución, que nos está haciendo peores como sociedad, y que nos está impidiendo alcanzar todo nuestro potencial como país. Debemos corregirla.
Para ello, les anuncio que aprobaremos una Ley de Representación Paritaria que nos ayude a romper los techos de cristal. Si las mujeres representan el 50% de nuestra sociedad, el 50% del poder político y económico les corresponde a ellas. Vamos a facilitar la conciliación de padres y madres, ampliando el permiso por nacimiento a las 20 semanas y universalizando la educación pública desde los dos años.
Y vamos a darle a las familias monoparentales con dos hijos – encabezadas mayoritariamente por mujeres– el mismo nivel de protección que disfrutan las familias numerosas. Una vida mejor es una vida que extirpa la lacra de la violencia machista. Por cada euro que un gobierno autonómico o municipal reaccionario retire a la prevención y eliminación de este cáncer social, nosotros dedicaremos diez a la lucha contra la violencia de género. Por cada minuto de respeto que los políticos de Vox nieguen a las víctimas, nosotros les consagraremos todo nuestro tiempo de esfuerzo.
Vamos a continuar actuando. Como también vamos a actuar contra los abusos sexuales a menores, especialmente aquellos que se cometieron y cometen en el seno de la Iglesia. El informe que ha presentado el Defensor del Pueblo revela la magnitud y gravedad de este problema, y nos interpela a todas las instituciones a responder como país.
Por eso vamos a reforzar el marco jurídico vigente para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba. Vamos a crear un fondo estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas que se ajuste a los estándares europeos.
Y vamos a instar a la Iglesia Católica a que se comprometa a reconocer y reparar a todas las personas que sufrieron abusos sexuales por parte del clero, incluyendo a las víctimas de casos históricos o prescritos. Pero, sobre todo, vamos a adoptar las medidas necesarias para garantizar que esta aberración no se vuelva a repetir. Por eso les anuncio que, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en esta legislatura reforzaremos los mecanismos de acompañamiento y supervisión de la ley de protección integral a la infancia y adolescencia, dotándoles de más personal y recursos.
Reforzaremos la labor de inspección a todos los centros educativos para asegurarnos que cumplen con los protocolos establecidos y que sus profesionales reciben la formación adecuada sobre abusos sexuales. Y estableceremos por ley que esos mismos protocolos de prevención y formación se cumplan en todas las instituciones religiosas. Señorías, Procurar una vida mejor a los españoles significa, además de lo dicho, reducir las diferencias que existen entre provincias y fortalecer la cohesión territorial de nuestro país.
Esa será nuestra sexta prioridad del gobierno que me propongo conformar si ustedes me dan la confianza de la Cámara. En la Transición, los españoles y españolas apostamos por un estado autonómico que acercó las administraciones públicas a las 52 capitales de provincia y fomentó la creación de empresas y el desarrollo económico y social en cientos de municipios medianos por todo el país.
Desgraciadamente, a lo largo de los últimos años esa tendencia se ha revertido. Hoy, Madrid y otras grandes ciudades se han convertido en gigantes que lo absorben todo. Y las diferencias entre provincias han aumentado.
El reto demográfico interpela a todas las instituciones públicas, también al gobierno de España como pudimos empezar a desarrollar durante la pasada legislatura.
En la pasada legislatura, dimos algunos pasos y apostamos por el modelo descentralizado y policéntrico que postula nuestra Constitución, buscando el reparto equitativo e inteligente de las oportunidades por todo el territorio.
Los Fondos Europeos están sirviendo para ello. Estamos viendo plantas de gigafactorias de batería de vehículos eléctricos en distintas plantas de España y no concentradas en los tradicionales sectores de nuestro país o instituciones públicas que se están implantando a lo largo y ancho de nuestro país.
En esta nueva legislatura, seguiremos avanzando en la misma dirección. Dedicaremos el grueso de los Fondos Europeos a crear nuevas industrias y oportunidades fuera de las grandes capitales. Crearemos mejores infraestructuras y conexiones ferroviarias. Están recogidas en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar.
Garantizaremos por ley el acceso a servicios públicos básicos de todos los municipios en un radio de menos de 30 minutos. Para que nadie tenga que abandonar su pueblo porque no hay un cajero o un centro de salud cerca y para que las oportunidades de ningún español estén determinadas por su código postal.
También ampliaremos el diálogo entre administraciones, reforzaremos la cogobernanza entre ellas, e impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios a todos los territorios, basándonos en los principios de equidad, autonomía financiera, y corresponsabilidad fiscal.
No deja de ser curioso que PP y Vox bajen impuestos a los ricos y luego a la administración le pidan más recursos económicos. Los recortes que se aplicaron en nuestro Estado del bienestar durante la etapa de gobierno del PP dejaron a muchas CCAA sin recursos para atender las necesidades de sus ciudadanos y las obligaron a endeudarse.
En aquellos años, la deuda de las comunidades autónomas casi se duplicó. ¿Qué ha hecho este gobierno? Auxiliar a las CCAA. Entregarles más recursos que en ningún otro momento de nuestra historia.
En cinco años de gobierno de coalición, las comunidades autónomas han recibido un 40% más que en los últimos cinco años de Rajoy. 180.000 millones de euros más. Y todo esto es sin contabilizar los fondos europeos que también están gestionando las comunidades autónomas.
Eso nos ha servido para hacer frente a la pandemia, para reconstruir lo que se desmanteló con la respuesta neoliberal del PP de entonces. Pero desde el punto de vista de la consolidación fiscal ha hecho algo interesante: gracias a ello, su deuda se ha reducido en relación con su PIB y los recortes han podido cesar en muchos ámbitos, a pesar de la política fiscal irresponsable e insostenible que las derechas están volviendo a desplegar.
¿Qué vamos a hacer ahora? Continuar por esa senda de responsabilidad fiscal y de solidaridad y asumir una parte de la deuda que las CCAA contrajeron durante la etapa del gobierno del Partido Popular.
Esta medida será aplicable y extensible a todas las comunidades autónomas, con independencia de su color político y de que estén acogidas o no al Fondo de Liquidez Autonómica creado entonces por el PP. Hacerlo nos permitirá financiarnos a costes más reducidos, aliviar la factura de intereses por los pagos de la deuda que tienen muchas comunidades autonómicas, y ayudar a que los ciudadanos puedan tener unos servicios públicos de calidad.
Señorías,
La séptima prioridad será avanzar en la agenda del reencuentro para garantizar una mejor convivencia en nuestro país. En la discordia no puede haber prosperidad. Lo sabían nuestros padres y abuelos, por eso hicieron de la convivencia uno de los principios rectores de la Constitución y de la Transición. Ahora, nosotros haremos lo mismo.
Impulsar la convivencia y el perdón. No solo para ganar una legislatura de progreso. Sino para apostar por un futuro de reconciliación y de concordia. Hablemos claro. En Cataluña –y también en otros territorios– hay ciudadanos que consideran que estarían mejor siendo independientes.
El gobierno de coalición progresista que pretendo encabezar no comparte esa idea. Nosotros estamos convencidos de que una España unida es una España mejor. Más próspera. Más fuerte. Esas realidades nacionales se verían mejor expresadas en una Unión Europea que conforme pasan los años avanza en su integración a través de la estructura autonómica que tiene nuestro país reconocida en nuestra Constitución.
La pregunta es cómo garantizamos esa unidad. Grosso modo, existen dos alternativas. Puede intentarse por la vía de la imposición y de la crispación social. O podemos intentarlo por la vía del diálogo, el perdón y el entendimiento. El PP ya probó la primera de esas recetas.
Todo lo que consiguió fue que el número de catalanes partidarios de independizarse alcanzase un récord histórico, que se incendiaran las calles de Cataluña, que el mundo mirara con estupor las imágenes que se difundían de nuestro país. Y el resultado fue la mayor crisis territorial e institucional de nuestra democracia.
En definitiva, la receta del PP condujo al desastre y no conviene ir por ese camino. ¿Qué hemos hecho nosotros? Todo lo contrario. Hemos apostado por la vía del diálogo, el perdón y el entendimiento.
Hemos antepuesto la negociación a la imposición. El reencuentro a la venganza. La unidad a la fractura. No hay camino más seguro hacia el entendimiento que restablecer los puentes políticos que jamás debieron romperse. Por eso hemos indultado a los líderes del procès; y por eso hemos apoyado el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y hemos promovido su uso en las instituciones europeas. Y lo que resulta innegable, es que esta vía ha funcionado.
La convivencia ha vuelto a las calles. El diálogo ha vuelto a las instituciones. Y nuestro país ha podido centrar sus energías en afrontar retos como la Covid o la crisis provocada por la guerra de Putin.
¿Qué prefiere la amplia mayoría de ciudadanos: la Cataluña de 2017 o la Cataluña de 2023? ¿Qué política beneficia más a la gente: la del enfrentamiento –que postulan el PP y Vox– o la del entendimiento, que defendemos nosotros? No hace falta que especulemos al respecto. Ya conocemos la respuesta. Lo dicen las encuestas. Lo refleja la convivencia y la paz social que hay en las calles de Cataluña.
Lo refleja la forma en la que votaron los catalanes el pasado 23 de julio. Un 50% apoyaron a los partidos que conformaron el gobierno de coalición. Y solo un 20% a las derechas retrógradas.
El diálogo, la generosidad y el perdón han funcionado. Han ayudado a coser las heridas de nuestra sociedad.
Por eso, vamos a seguir aplicándolos en los próximos cuatro años. Es evidente que el marco legal vigente establece condiciones vinculantes. Pero ese no puede ser el único argumento a favor de una España unida. Necesitamos más motivos.
Y si no están ahí, debemos tener la valentía para construirlos. Porque es posible. Porque, como dijo el genial Antonio Machado: Hoy es siempre todavía. Y puesto que hoy es todavía, y el diálogo aún es posible, nosotros vamos a apostar por él, siguiendo aquel consejo que daba el gran Salvador Espriu, a toda España: DIALEG. Diálogo para alcanzar una idea que se expresa exactamente igual en nuestras 4 lenguas, la de Machado, la de Espriu, la de Aresti y la de Castelao: CONCORDIA.
Por eso vamos a seguir impulsando reformas y mejoras en nuestro estado autonómico.
Por eso vamos a seguir atrayendo empresas extranjeras e instituciones europeas a toda España y también a Cataluña, en lugar de ahuyentarlas como se hizo en mala hora.
Y por eso, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el Procès catalán.
Esta es una medida que pide una parte relevante de la sociedad catalana y que aprueban el 80% de sus representantes políticos, así como la mayoría amplia de fuerzas presentes en esta Cámara. También es una medida que puede no ser compartida por muchos ciudadanos.
Soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos que respeto enormemente sus opiniones y emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, por dos motivos de interés general: Primero, para consolidar los avances logrados en estos últimos años y seguir avanzando por la senda de la convivencia y el progreso. A estas alturas de nuestra historia democrática, los ciudadanos no podemos ser ingenuos.
El problema del PP y Vox no es la amnistía, es que no aceptan el resultado de las elecciones. Por muchos aspavientos que hagan, por mucho que se arropen en la bandera de todos, sabemos que a las derechas reaccionarias la amnistía les importa muy poco.
Los poderes económicos que las auspician no están preocupados por ella. De hecho, saben que será buena para la economía del país. Lo que de verdad no quieren las derechas es que sigamos mejorando las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
Que sigamos revalorizando las pensiones conforme al IPC. Que sigamos reforzando la sanidad, la educación y el sistema nacional de dependencia. Que sigamos impulsando la transición ecológica. Que sigamos defendiendo los derechos de las mujeres, los migrantes y las personas LGTBI.
Por eso no quieren que gobernemos. Miren, la última vez que el PP estuvo en el poder, en España era legal despedir a un trabajador mientras estaba enfermo. Era legal pagar 700 euros al mes a alguien que se deslomaba a tiempo completo en su trabajo.
Era legal que las viviendas públicas que habían sido construidas con el dinero de todos se vendieran a fondos buitre. Y era legal cobrar a los pacientes más vulnerables un copago farmacéutico que este gobierno suprimió cuando llegó al poder.
Nosotros acabamos con esas injusticias. Los diputados de las derechas votaron en contra. Por eso es necesario que sigamos gobernando. Para evitar que España retroceda. Para lograr que nuestro país siga avanzando.
Esta medida de gracia nos puede ayudar a superar la fractura que se abrió el 1 de octubre de 2017, a seguir acercando posturas, y a persuadir a muchos catalanes de que España es un buen país para ellos.
Cataluña está lista para el reencuentro total y nosotros tenemos que tener el valor de dar un paso adelante.
La amnistía que planteamos es perfectamente legal y acorde a la Constitución. De hecho, es una medida que se ha aplicado en países, en democracias consolidadas, como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, y Portugal. Y que el Tribunal Constitucional español ha rubricado anteriormente.
Por ello, quiero pedirle al PP una mínima «responsabilidad». Le pido que no continúe por la senda marcada por Vox en su deriva trumpista, alimentando conspiraciones y comportamientos antidemocráticos que llevaron a Estados Unidos al borde del colapso. Si el PP se considera aún un partido de Estado no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista.
No pueden volver a sembrar la discordia como cuando preconizaron el boicot a los productos catalanes (insisto catalanes, no independentistas) y atizaron el fuego del odio.
Por eso le pido al PP «responsabilidad y sentido de Estado». No le pido su apoyo. Solo le pido cordura y coherencia. Porque –conviene recordarlo– nada de lo que estamos proponiendo es inédito. Todo fue hecho antes por gobiernos del PP. Tal vez hoy se sonrojan, pero lamento decirles que gobiernos del PP concedieron 1.400 indultos en un solo día.
Gobiernos del PP indultaron a miembros de Terra Lliure sentenciados por terrorismo durante una investidura. Aquel que lanza proclamas pidiendo que se movilicen ante el malvado Sánchez, entregaron numerosas competencias a los gobiernos autonómicos del País Vasco y Cataluña cuando necesitaron los votos del nacionalismo vasco y catalán para evitar el bloqueo y asegurar la gobernabilidad de España.
Y, que yo sepa, ninguna de esas concesiones debilitó a España ni corrompió nuestra democracia, ni caminamos hacia una dictadura.
Nos convirtieron en un Estado descentralizado, como lo son muchos de los países más avanzados del mundo. La diferencia consiste en que, cuando la derecha llega a acuerdos con el nacionalismo, es un pacto entre caballeros. Pero cuando lo hace con la izquierda entonces es una traición a la patria. Sean coherentes y no insulten a la memoria de los españoles.
Les pido que no vuelvan a cometer los mismos errores de siempre. Les pido que no intenten aprovechar esta situación para incendiar las calles y cuestionar la legitimidad del gobierno de coalición. No se preocupen, la amnistía se aprobará bajo luz y taquígrafos. Con total transparencia. Contando con todas las garantías jurídicas y el voto mayoritario de esta Cámara democráticamente electa.
Es decir, la amnistía no será un ataque a la Constitución del 78. Sino todo lo contrario: será una muestra más de su fortaleza y vigencia. Esta amnistía va a beneficiar a muchas personas. A líderes políticos cuyas ideas yo no comparto y cuyas acciones rechazo. Pero también va a ayudar a cientos de ciudadanos que se vieron arrastrados por el Procès. Incluidos policías nacionales y mossos que sufrieron las consecuencias de una crisis política de la que nadie puede sentirse orgulloso; ni siquiera quienes carecíamos por aquel entonces de responsabilidades de gobierno.
En última instancia, impulsamos esta medida de gracia movidos por la esperanza fundada de que nos ayude a superar una crisis de la que nadie puede estar orgulloso.
De que contribuya a mejorar la convivencia de nuestro país y a canalizar por una vía más sana y pacífica las aspiraciones políticas de unos y de otros.
Señorías,
La octava prioridad de nuestro gobierno será Europa. En los últimos cuatro años, España ha cobrado un protagonismo internacional que nunca había tenido. Antes incluso de ostentar la presidencia rotatoria del Consejo, nuestro país ya lideraba en Bruselas debates clave, como el de la reforma del mercado eléctrico o la PAC, y ahora es un referente continental en temas como la autonomía estratégica, la transición verde y digital, o las políticas de migración y asilo.
En los próximos años, la Unión tendrá que tomar decisiones cruciales. Tendrá que tejer nuevos lazos con el resto del mundo, y en especial con los países de Latinoamérica, el Caribe y el Magreb.
Tendrá que consolidar su liderazgo tecnológico y científico a nivel global. Tendrá que abordar desafíos como la migración y el cambio climático. Y tendrá que acometer debates importantes como la ampliación hacia los Balcanes Occidentales y hacia Ucrania, Moldavia y Georgia.
Una ampliación que responde a un deber moral y un interés geopolítico para Europa, porque traerá más recursos, más resiliencia y más mercado a los Estados Miembros. Pero que también implicará desafíos nacionales y una revisión a fondo del funcionamiento de las instituciones comunitarias. España no será un mero testigo de esos procesos.
Estará entre los países que los lideren. Analizando los retos y las oportunidades. Proponiendo soluciones. Defendiendo los valores europeos. Impulsando el diálogo y el respeto a la pluralidad en el Continente, como lo hace dentro de sus fronteras.
Todo ello, insisto, con un objetivo: mejorar la vida de los españoles. Ese es el propósito que ha guiado y guiará la acción del gobierno de coalición progresista. Dar a nuestros ciudadanos una vida más plena. Una vida de certezas y de seguridades, con más y mejor empleo, más y mejores servicios públicos, más viviendas asequibles, más sostenibilidad medioambiental, más igualdad; más cohesión territorial, más convivencia, y más Europa.
Estas son las ocho prioridades de nuestro gobierno con las que nos presentamos para que nos otorguen la confianza mayoritaria de la Cámara. Concluyo ya. Estimados diputados y diputadas, Yo creo en España. Creo en nuestros ciudadanos. Creo en el enorme potencial de nuestro país. A los 18 millones de españoles que votaron en las primeras elecciones democráticas de 1977, les habría resultado imposible imaginar las cotas de desarrollo y bienestar que tenemos hoy.
Les habría resultado imposible creer que un país atrasado y aislado se iba a convertir –en apenas cuatro décadas– en la cuarta mayor economía europea, en la decimosexta potencia comercial del mundo, y en una de sus democracias más plenas del mundo. ¿Qué habrían pensado nuestras abuelas si les hubiéramos dicho que aquella sociedad machista en la que se criaron se iba a convertir en el cuarto país más igualitario de Europa?
¿Qué habrían dicho aquellos españoles y españolas homosexuales que tenían que esconderse para besar a su pareja si hubiesen sabido que España acabaría siendo el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el primero en reconocer su derecho a adoptar? ¿Cómo habría reaccionado aquellos pioneros de la ecología si hubiesen sabido que España se convertiría, como lo es hoy, en la séptima gran economía más sostenible del mundo y en el segundo país de la UE con más kilómetros de áreas naturales protegidas?
Lo hubieran visto como una utopía inalcanzable. Pero lo hicimos. Y ahora, podemos volver a hacerlo. Nuestro país cuenta con el talento, las empresas, las instituciones públicas, las infraestructuras, los valores cívicos y el prestigio internacional necesarios para convertirse en una de las naciones más prósperas y socialmente avanzadas del planeta. Nuestro país, España es un país formidable.
Y puede ser aún mejor. Va a ser aún mejor. Será mejor si procuramos una vida mejor para todos. Si nos sentimos ligados los unos a la suerte de los otros. A ese propósito quiero consagrarme en cuerpo y alma los próximos cuatro años.
Y por eso les pido –Señorías– que, con su voto favorable, me otorguen su confianza.
Muchas gracias».
, miércoles 15 de noviembre de 2023 (Lasvocesdelpueblo).- DEBATE DE INVESTIDURA DE LA XV LEGISLATURA DEL REINO DE ESPAÑA. Discurso íntegro del candidato del Partido Socialista y presidente de Gobierno de coalición en funciones de España, el autócrata Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en la primera jornada de la primera sesión de investidura.){kind=link}