Agencias – El juez instructor del Caso Púnica y la Guardia Civil investigan la financiación ilegal del PP de la feminista anticristianos Cristina Cifuentes. Para Cifuentes, los hechos remontan hasta la etapa de la ex presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. «No tiene absolutamente nada que ver» con el periodo de gobierno de Cifuentes, según ha subrayado el consejero Jesús Sánchez Martos. Madrid (España), jueves 9 de marzo de 2017. Fotografía: El juez Eloy Velasco. Archivo Efe.
El juez que investiga la trama Púnica y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan la adjudicación de contratos de publicidad por el 1 % del total de la obra en varias consejerías y organismos dependientes de la Comunidad de Madrid, según han informado fuentes de la investigación.
Así recoge la agencia española de noticias Efe, este miércoles 8 de marzo de 2017.
Todo ello en relación con la pieza separada que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tiene abierta para investigar la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid y su relación con la trama Púnica.
En concreto, afecta a las consejerías de Sanidad, de Transportes o en la empresa pública Nuevo Arpegio, entre otros organismos, a las que los agentes han requerido información y documentación para su análisis con el objetivo de comprobar cómo se gestionaron esos contratos.
En el marco de la investigación, el juez Eloy Velasco ha citado esta mañana a declarar al extesorero del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez; al exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y expresidente de la Asamblea José Ignacio Echevarria, al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, que hoy han declarado en la Audiencia Nacional.
A Arturo Fernández le han preguntado por una donación de 70.000 euros a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) y por la adjudicación de la restauración de la Asamblea de Madrid, que la Fiscalía sospecha se hizo de forma irregular.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha desmarcado este miércoles de la posible financiación ilegal y ha asegurado que no se ocupó de este asunto «porque había cuatro personas que se ocupaban de ello, que eran el tesorero, el secretario general, el gerente y el contable».
Según Aguirre, no pudo ocuparse de vigilar la financiación del PP regional porque, entre otras cosas, se tenía que ocupar de construir doce hospitales públicos.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha asegurado que ofrecerá «colaboración absoluta» a la investigación y que su Gobierno aportará «cualquier documentación» que la Justicia requiera «para llegar en ese asunto hasta el final».
«Desgraciadamente, todos estos temas nos están causando muchísimo perjuicio», ha lamentado Cifuentes, que ha aprovechado para recordar que la Comunidad de Madrid «está personada» en la causa «para defender los intereses de todos los madrileños».
La documentación requerida a la Consejería de Sanidad pertenece al plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007 que «no tiene absolutamente nada que ver» con el periodo de gobierno de Cifuentes, según ha subrayado el consejero Jesús Sánchez Martos.
Sobre estas informaciones, el líder de Ciudadanos ha señalado que no le extrañan las investigaciones de corrupción en Madrid porque el PP «hizo lo que le dio la gana» durante muchos años.
Para el secretario de Análisis Estratégico de Podemos y posible candidato de la formación a la Presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón, ha denunciado que si se verifican las conexiones entre los casos Púnica y Gürtel y la financiación del PP de Madrid, se confirmaría que el Partido Popular ha actuado como «una organización criminal» trasfiriendo dinero público a manos privadas.
Para Errejón, los responsables no serían sólo la cúpula directiva anterior del PP madrileño, sino que los dirigentes actuales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes, tienen que rendir cuentas y dar explicaciones de adónde se destinaban los recursos.
En esta pieza separada, está siendo investigado también el empresario Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir.
Las sospechas contra él y el exgerente del PP Beltrán Gutiérrez, que fueron detenidos por la Guardia Civil antes de declarar ante el juez, parten de las anotaciones encontradas en una agenda del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados y a quien el juez ya le dijo cuando le tomó declaración que creía que parte del dinero «hinchado» en los contratos se lo repartían él y «el Partido Popular de la Comunidad de Madrid».
