Lasvocesdelpueblo y Agencias – Para los magistrados del Tribunal Supremo de España, «los hechos descritos en la querella» del nuevo Gobierno racista de la ‘Genestapo’ en Cataluña «no sustentan la comisión de ilícito penal alguno». Apunta el tribunal Supremo, en su sentencia sobre la querella del neonazi anti-hispanos actual presidente en Cataluña, Joaquim (Quim) Torra Pla contra los máximos responsables del exgobierno de España, Mariano Rajoy Brey y Soraya Saénz de Santamaria Antón -presidente de Gobierno y vicepresidenta, respectivamente- que «particularmente las actuaciones que en ella se narran y que se imputan a aquellos (Rajoy y Santamaría) no permiten inferir, siquiera indiciariamente, la comisión por parte de las personas contra las que se dirige esta querella un delito de prevaricación administrativa por omisión», añade la Sala del Tribunal de la Nación española. Madrid (España), lunes 18 de junio de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), MAYO 2018. El neonazi anti-hispanos actual presidente en Cataluña, Joaquim (Quim) Torra Pla. Efe
El Tribunal Supremo (TS) ha archivado la querella presentada por el energúmeno racista Quim Torra contra Rajoy y Soraya, por su negativa a publicar el decreto de nombramiento del Gobierno d ela Generalidad de Cataluña del 19 de mayo de 2018.
En un auto, la Sala II del alto tribunal inadmite a trámite la querella de este individuo al no ver delito en la denegación de la publicación de aquel decreto, que incluía el nombramiento como consejeros de Jordi Turull y Josep Rull -en prisión preventiva- y de Antoni Comín y Lluís Puig -huidos a Bélgica-.
El ultra racista Torra presentó el pasado 1 de junio una querella ante el Supremo por un presunto delito de «prevaricación por omisión» contra Rajoy y Sáenz de Santamaría, a quienes acusa de tomar una decisión «arbitraria, extralimitadora de competencias y sin ningún amparo legal».
Sin embargo, los magistrados consideran que «los hechos descritos en la querella no sustentan la comisión de ilícito penal alguno». «Particularmente las actuaciones que en ella se narran y que se imputan a aquellos (Rajoy y Santamaría) no permiten inferir, siquiera indiciariamente, la comisión por parte de las personas contra las que se dirige esta querella un delito de prevaricación administrativa por omisión», añade la Sala.
De esta forma, los magistrados siguen el criterio de la Fiscalía que manifestó en su escrito que la denegación de la publicación de aquel decreto no puede ser considerado como un acto «injusto y arbitrario» y mostró su «frontal oposición al contenido de la denuncia».
La Fiscalía sostuvo que en virtud de las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy al amparo de artículo 155 de la Constitución, el Ejecutivo tenía la potestad de designar órganos o autoridades que podían decidir si actos como el de proceder o no a la publicación de un decreto del energúmeno Torra, resultaba o no contrario a las finalidades que perseguían los acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros el 21 de octubre.
Esta «autorización previa» del Ejecutivo central «no es como pretende el denunciante, un acto reglado y obligado en todo caso, de manera que si la publicación se considera contraria al ordenamiento jurídico, es evidente que la misma debe denegarse, de acuerdo con la habilitación generada en aplicación del 155».
Aplicado a este caso en concreto, la Fiscalía indicó que el juez del Supremo, Pablo Llarena, denegó la libertad provisional de Rull y Turull por riesgo de reiteración delictiva, lo que produce una «imposibilidad de acudir a su toma de posesión».
Y añadió que «es precisamente el contenido y fundamento del auto decisión judicial» el que «otorga plena justificación al Gobierno de la nación de no proceder a la publicación del decreto».
El Ministerio Público explicó que este mismo razonamiento se traslada a los exconsejeros golpistas huidos en Bélgica, Comín y Puig, cuya presencia en este país «vulnera el derecho fundamental» de los demás diputados el Parlamento español en Cataluña para «el ejercicio de algunas funciones parlamentarias esenciales» como el control del Gobierno que puede «exigir su presencia física» en la cámara regional española.
La no publicación de los nombramientos en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) bloqueó durante unos días la formación del Gobierno catalán, hasta que el pasado 29 de mayo, Torra firmó un nuevo decreto, en el que sustituía a los consellers que se encuentran en prisión o en el extranjero.
