Efe – Las cuatro acusaciones en el caso de los ERE han presentado sus informes en la denominada pieza política, que afecta a 26 procesados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y las peticiones oscilan desde la cárcel para ambos al archivo de la causa. Sevilla (España), lunes 17 de octubre de 2016. Fotografía: Fotografías de archivo de los expresidentes socialistas andaluces José Antonio Griñán (i), y Manuel Chaves. Archivo Efe.
En este caso, que empezó a instruir en el 2011 la juez Mercedes Alaya, hay cuatro acusaciones: la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía, Manos Limpias y el PP, que ha apurado el plazo y ha presentado hoy su escrito de conclusiones provisionales en la pieza separada por el procedimiento empleado para dar las ayudas sociolaborales entre los años 2000 y 2010.
Tras los escritos de acusación, la Audiencia de Sevilla tendrá que resolver los 21 recursos de apelación contra el auto por el que el magistrado que heredó la causa, Álvaro Martín, daba por concluida la instrucción de la pieza política.
La primera de las partes que presentó su informe fue la Fiscalía, que lo hizo el 15 de septiembre, cuando concluía el primer plazo dado por el juzgado antes de que se ampliara hasta hoy por defectos en las notificaciones realizadas por el juez Martín.
La Fiscalía Anticorrupción pidió seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.
Para Chaves, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Además, la Fiscalía solicitó ocho años de prisión para tres exconsejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.
Los autores de la malversación, según la Fiscalía, responderían solidariamente de la devolución a la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden a 741.616.545 euros.
Tras el informe de la Fiscalía, Manos Limpias se adhirió a sus peticiones de cárcel y recordó que aún está pendiente que la Audiencia de Sevilla resuelva el recurso por el que pretenden que se incluyan entre los procesados quince ex altos cargos de la Junta que fueron exculpados por el juez.
Después de estos informes, la Junta de Andalucía, que está personada como acusación particular, remitió el pasado viernes al juzgado de instrucción 6 de Sevilla su informe, en el que pide el archivo de la causa.
Los abogados de la Junta sostienen que no aprecian prevaricación o malversación y «no existe prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones».
El último de los informes lo ha presentado hoy el PP de Andalucía, que solicita dos años de cárcel y doce años de inhabilitación contra Chaves y Griñán al considerar que ambos y los otros 24 encausados han cometido un delito de «asociación ilícita».
El delito de asociación ilícita es la única novedad en la petición de penas del PP-A, que asume el resto de peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, según ha dicho en rueda de prensa la secretaria general de la formación política, Dolores López, quien considera lo ocurrido la «historia de un fraude millonario» a las arcas públicas que ha cifrado en 1.280 millones de euros.
