Madrid (España), viernes 15 de diciembre de 2023 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- La ultraizquierda separatista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha exigido «controlar y sancionar a los militares» que -sostienen los estos supremacistas secesionistas de la antiEspaña- han estado alentando el «levantamiento» contra la Moncloa golpista de Pedro Sánchez Pérez-Castejón en el marco de la negociación del Ejecutivo traidor con las fuerzas golpistas y filoetarras sobre la amnistía ilegal e inconstitucional.
A través de una Proposición No de Ley, golpistas ultras de ERC exigen «investigar y castigar» a quienes «han estado profiriendo proclamas franquistas y guerracivilistas en respuesta» a su ley de amnistía ilegal e inconstitucional con el autócrata Pedro Sánchez Pérez-Castejón y por ello piden «elaborar un informe sobre la existencia de movimientos de extrema derecha dentro de las Fuerzas Armadas y sobre los pronunciamientos que militares o exmilitares han realizado incitando a un golpe de Estado».
Una vez concluido este informe, solicitan «trasladarlo a la Fiscalía por si fuera constitutivo de delito».
La Fiscalía archivó una investigación
Los ultras de la antiEspaña argumentan en la iniciativa totalitaria que el «último precedente en este sentido tuvo lugar el pasado 17 de noviembre, el día después de la investidura» de su socio Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cuando «se hizo público un manifiesto vinculado a la Asociación de Militares Españoles (AME) en el que se hacía un llamamiento implícito a las Fuerzas Armadas a la destitución del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales.
El manifiesto estaba firmado por militares retirados de distintos empleos, armas y cuerpos y, según la antiEspaña, «algunos de ellos son conocidos después de hacerse público en 2020 una serie de conversaciones en un grupo de WhatsApp, donde se hablaba de la posibilidad de dar un golpe de Estado contra el Gobierno o de «fusilar a 26 millones de hijos de puta»».
La Fiscalía de Madrid archivó la investigación que se abrió en su momento sobre estos hechos al entender que sus «comentarios no eran constitutivos de un delito de discurso de odio por tratarse de un chat privado».
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