Barcelona (Reino de España), sábado 11 de mayo de 2024 (Luis Torres Píñar).- Manifiesto Majestad No a la Firma de la Ley de Amnistía. Se abrirá sin duda un proceso que probablemente termine con la dimisión del gobierno al completo que a su vez conduzca a una revisión de la Constitución Española, por medio de una legislatura constituyente. Por otra parte, necesaria, comprobados sus errores sintácticos y conceptuales en beneficio de quienes los utilizan para hostilizar con la unidad del Reino de España… ¡Su reino, Majestad!
- Sin duda, un nuevo varapalo de cualquier Tribunal nacional o europeo a una Ley refrendada por usted. No es bueno para la credibilidad de la Corona, con riesgo que su imagen de «garante» de la Constitución Española denote cierta y grave debilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, máxime cuando a nadie, incluido usted, se le puede obligar a firmar algo con lo que no está conforme o presenta dudas, en caso contrario estaríamos posiblemente ante un «vicio de consentimiento». ¿Acaso es así?
Manifiesto Majestad No a la Firma de la Ley de Amnistía
A Su Majestad, el Rey Felipe VI
Señor,
El infrascrito Luis Torres Píñar, con DNI: ……..D, actuando en nombre propio y en representación del grupo cívico/social denominado «Soberanía Unida Gana», nos dirigimos a usted, con todo el respeto que merece su augusta figura, como único y último bastión en defensa de una inmensa e indudable mayoría de españoles que nos encontramos apabullados ante los continuos tics autoritarios de los que continuamente el pueblo español está siendo víctima por parte del gobierno de España —con su presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón al frente y con el apoyo de partidos cuya única finalidad en la política nacional es procurar— del «cuánto peor le vaya a España mejor para nuestro objetivo independentista», con referencia directa a Bildu; ERC, JxCat y PNV. Todo ello con la agravante de quien se comporta como un verdadero sátrapa, que no es otro que el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Majestad, en pocos días la Cámara Alta rechazará tramitar y devolverá al Congreso de los diputados la ley de amnistía. Todo ello con petición expresa de rechazar la Ley tras el demoledor informe de los Letrados de la Cámara. Es sabido que el Congreso de los Diputados, con la mayoría de sospechosa legitimidad, la aprobará haciendo caso omiso a los tres informes contrarios por advertir «manifiesta inconstitucionalidad» y no habiendo sido presentado con claras intenciones a los demás órganos de garantías. No obstante, y con toda seguridad, el texto una vez aprobado en el Congreso le será presentado a usted para con su firma, refrendarlo y entrar en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Majestad, simplemente recordar las tres ocasiones, hay más, en las que documentos que le ha presentado el gobierno para su respaldo han sido derogados por diferentes Tribunales, en referencia a los:
1.- BOE núm. 67, de 14/03/2020
2.- BOE núm. 101, de 11/04/2020
Ambos relativos a la declaración de sendos estados de alarma.
3.- Y muy recientemente el publicado en el BOE núm. 141 de 14/05/2023, en lo relativo al nombramiento de Dolores Delgado García como Fiscal de Sala en Materia y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado.
Majestad, Usted es el que, con su firma, ratifica la legalidad de los documentos, sin ella no serían publicados. Y, por ende, no entrarían en vigor. Por lo que, desde nuestra humilde situación de meros ciudadanos con plenos derechos constitucionales, no entendemos cómo antes de ser presentados los documentos para su egregia firma, no son debidamente comprobados conforme durante su tramitación se hayan observado todas las normas legales y superados todos filtros de los diferentes órganos de garantías de los que cualquier Ley debe ser objeto y, en particular, por su especial significación, la Ley de Amnistía. Sin duda, un nuevo varapalo de cualquier Tribunal nacional o europeo a una Ley refrendada por usted. No es bueno para la credibilidad de la Corona, con riesgo que su imagen de «garante» de la Constitución Española denote cierta y grave debilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, máxime cuando a nadie, incluido usted, se le puede obligar a firmar algo con lo que no está conforme o presenta dudas, en caso contrario estaríamos posiblemente ante un «vicio de consentimiento». ¿Acaso es así?
Majestad, con todo respeto y en uso de nuestro derecho, le exigimos que en el momento de serle presentado para su firma la Ley de Amnistía, usted la devuelva al Congreso de los Diputados para que ésta sea debidamente tramitada con una indudable constitucionalidad antes de volvérsela a presentar para su refrendo. Ejemplo: ¿Majestad, firmaría usted la disolución de la Monarquía o una ley de pena de muerte? Tal disparate es siquiera imposible plantearlo por su evidente inconstitucionalidad ¡Claro, como lo era hasta hace muy poco tiempo la posibilidad de una ley de amnistía! Hasta para un lego como este escribidor en Derecho no pasan desapercibidas las graves contradicciones existentes en la Constitución Española y, en especial, las observadas en la «sinopsis» del artículo 62, relativo a: En su punto 1º A, referido a «Las funciones arbitrales y moderadoras», dice: (Literal, texto tomado del enlace.
– El Rey es el jefe del Estado de una Monarquía parlamentaria, y en consecuencia no es ya el eje del sistema político ni el centro de las decisiones, que pasan al Parlamento y al Gobierno, sino una instancia que nuclea la unidad del Estado, función ésta institucionalizadora que no pueden realizar ni el Gabinete ni las Cortes Generales conjunta ni separadamente.
Anotación. En el subrayado se entiende que usted tiene una función nuclear, que nadie más puede ejecutar. ¿Qué más se puede precisar? Literal, texto tomado del enlace.
– Este carácter permanente del Rey frente a la contingencia del Parlamento — sometido a los procesos electorales— y del Gobierno que resulta de las mayorías obtenidas en el Congreso de los Diputados, otorgan al Monarca una concepción de invariable neutralidad sobre la que descansa la función arbitral y moderadora que se despliega al margen de los restantes poderes del Estado.
Anotación. Nos fijamos en el subrayado como colmo de la contradicción. ¿Cómo puede un «árbitro» ser neutral? En todo caso a un árbitro se le exige ¡imparcialidad ya que su función debe ser garantizar el cumplimiento de la Ley, Reglamento o aquello para lo que su figura es imprescindible. Literal, texto tomado del enlace.
– La cuestión está en saber si esa función arbitral y moderadora es un auténtico poder, independientemente de los demás poderes o si por el contrario es una instancia persuasiva y de influencia sin poderes concretos. La primera postura arrancaría de la existencia de un poder armónico o regulador exclusivo del Monarca tal como la formulara Benjamín Constant. Así, Herrero R. de Miñón, aunque con matizaciones, entiende que las competencias de arbitraje y moderación son cláusulas generales de apoderamiento de ámbito indeterminado, aunque determinable en la realidad. En sentido contrario, entre otros, Pérez Royo y Torres del Moral, que impugnan un ámbito independiente de poder para la actividad moderadora y arbitral del Rey; el segundo de los autores citados no duda en incluir esas funciones dentro de la concepción de «actos debidos» que no comportan por ello esfera específica de poder.
Anotación. Sobre el subrayado: ¿Cómo es posible que algo indeterminado pueda ser al mismo tiempo determinable? ¿Hasta dónde sabemos o se está embarazada o no se está, pero lo uno y lo otro? Es metafísicamente imposible. Literal, texto tomado del enlace.
– Ciertamente entre la primera postura de indudable carácter expansivo y las que reducen a un simple «acto debido» la función moderadora y arbitral del Rey, se abre una tercera vía consistente, como han puesto de manifiesto Fernández Fontecha y Pérez de Armiñán, en reconocer al Monarca determinadas «potestades bloqueantes» (de las que las funciones moderadora y arbitral serían las arquetípicas), que como se ha dicho más atrás no se traducirían en derecho de «hacer» sino en derecho -¿o quizá el deber?- a impedir actuaciones contrarias al orden constitucional, así como a resolver de «forma pasiva» las tensiones que se planteen en el funcionamiento regular de las instituciones. Gracias a esta función de «influencia» el Rey trasciende el ámbito de sus estrictas atribuciones constitucionales, haciendo realidad actual la frase de Bagehot de que al Rey corresponde «animar, prevenir, ser consultado».
Anotación: En el párrafo anterior sí se explicita realmente cuál debe ser la función del Rey. Incluso hasta donde dice: … «potestades bloqueantes». Somos capaces de entender sin la necesidad de las interpretaciones por parte de los «comités de expertos» que ya sabemos en España, quiénes y lo qué son.
Nos encontramos, por un lado, ante una mentira, que mil veces repetida, queda en verdad. Siempre se nos ha hecho creer que el Rey reina, pero no gobierna; un sinsentido más. Mientras, por otro lado, la Constitución Española sí recoge claramente la «potestad bloqueante» del monarca. Ya sabemos que cualquier acción por parte del Rey debe ser refrendada por el Gobierno de España. ¿Y? ¿En este caso debemos entender que si no firma será castigado, sancionado, repudiado o Dios sabe qué? Sabemos que se trata de una novedad, ya toca. Pero, usted Majestad, es el árbitro y garante sin ambigüedades y menos aún por una defectuosa redacción (de la Constitución Española) ante los ciudadanos del cumplimiento de la Constitución Española y ni el Gobierno ni las Cortes Generales del Estados están exonerados de ello. Es más, debieran ser el ejemplo en su aplicación y no en lo antagónico.
Majestad, necesitamos que ejerza su autoridad ante lo que es una Ley impúdica por su innecesaria implementación cuyos objetivos son de todos conocidos sin necesidad de ahondar en ellos, salvo que están lejos de perseguir la normalidad social, jurídica y política en Cataluña. Seguramente si decide cumplir con su obligación, así lo expresó en su juramento, se abrirá un conflicto entre la Corona, el Gobierno y las cámaras Alta y Baja respectivamente. Majestad, ha llegado ese momento de demostrarnos a todos los ciudadanos españoles que la Corona, que Usted representa, realmente defiende los intereses de los ciudadanos y no actúa como si fuera el sello de firma de los ilegítimos despropósitos de los intereses personales y partidistas. Si decide cumplir con su deber ante la ineluctable mayoría de españoles y no sólo ante los políticos, estamos con usted, Majestad. Se abrirá sin duda un proceso que probablemente termine con la dimisión del gobierno al completo que a su vez conduzca a una revisión de la Constitución, por medio de una legislatura constituyente. Por otra parte, necesaria, comprobados sus errores sintácticos y conceptuales en beneficio de quienes los utilizan para hostilizar con la unidad del Reino de España. ¡Su reino, Majestad!
Desde un lugar de España, a 13 de mayo del año 2024.
Firmado siguientes:
Luis Torres Píñar (Grupo Soberanía Unida Gana)
Manifiesto Majestad No a la Firma de la Ley de Amnistía.
