Tapachula (México), viernes 25 de agosto de 2023. El presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales, señaló que en Tapachula y en la frontera sur de México «hay una realidad de la inmigración, se entienden los derechos de los inmigrantes (ilegales), pero también hay derechos de los mexicanos, porque la inmigración altera la vida de las personas locales».
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, Yasmín Esquivel, por su parte, calificó este viernes de alarmante que a la cifra de inmigrantes ilegales, la cual estimó en más de 440.000 indocumentados al año.
Además, recordó que por la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, miles de inmigrantes y caravanas de la inmigración ilegal que cruzan territorio nacional, por lo que es un fenómenos que, dijo, «es necesario atenderlo desde un enfoque de derechos humanos, promoviendo un orden de paz y justicia, por lo que el acceso a ésta independientemente de la situación migratoria de las personas, cobra mayor relevancia».
Según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Interior) publicados a mediados de mayo, en el primer trimestre de este año el número de inmigrantes indocumentados que entró a México pasó de 78.439 en 2022 a 111.505 ilegales en 2023.
La ministra también refirió que, de acuerdo con la información registrada en las estaciones migratorias, entre 2016 y febrero de este 2023, se registra que al día 2,19 inmigrantes irregulares han sido víctimas de algún crimen, en su paso por México.
«Las políticas se deben llevar a cabo en función de la normatividad y las políticas públicas, además las resoluciones judiciales deben en ser entorno a los derechos humanos de las personas y también de los habitantes que están en los municipios por los cuales entran los inmigrantes» ilegales, expuso durante conferencia «Derechos humanos de las personas migrantes», en Tapachula.
Esquivel también habló de los riesgos que corren los niños, niñas y adolescentes no acompañados y de las mujeres que son víctimas y que son revictimizadas por los grupos delincuenciales, porque salen de sus países de origen, producto de la violación de sus derechos humanos.
Consideró que es el problema de la inmigración es grave y «no es un problema de una fácil solución» sobre todo para brindar protección a los inmigrantes irregulares.
La inmigración ilegal altera la vida de las personas locales
En tanto, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales, señaló que en Tapachula y en la frontera sur de México «hay una realidad de la inmigración, se entienden los derechos de los inmigrantes, pero también hay derechos de los mexicanos, porque la inmigración (ilegal) altera la vida de las personas locales».
Por su parte, el presidente de la Asociación de abogados de Tapachula, José Alfredo Alonso, señaló que es primera ocasión que llega a Tapachula una ministra de la SCJN para tratar un tema tan delicado como son los inmigrantes indocumentados.
Explicó que es necesario tocar este tema porque se debe mejorar el sistema para el servicio de los inmigrantes ilegales y de la misma sociedad porque «México no está preparado para poder recibir a tantas personas» a quienes se les debe brindar trabajo, salud y alimentación.
«Desgraciadamente la inmigración no se puede controlar, pero día a día se están haciendo esfuerzos pocos, porque no se cuentan con los elementos necesarios para controlar la frontera», indicó.
A inicios de agosto, el Gobierno mexicano informó que instalará un centro acordado con Estados Unidos para atender a migrantes en Tapachula, en la frontera con Centroamérica.
La situación refleja el panorama en las fronteras de México tras el fin en mayo del Título 42 de Estados Unidos, una medida que expulsaba de manera inmediata a inmigrantes instaurada por el expresidente estadounidense Donald Trump, reemplazada ahora por el presidente globalista y progre Joe Biden con el Título 8 y mayores restricciones de Trump a la acogida masiva mediante «asilo legal».
La región afronta un inédito flujo migratorio, con más de 276 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.
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