Madrid (España), jueves 14 de septiembre de 2023 (Lasvocesdelpueblo).- El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario colaboren, negocien o pacten con prófugos o condenados por la Justicia.
En su iniciativa, VOX recuerda que el pasado 4 de septiembre la vicepresidente tercera del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz Pérez, viajó a Bruselas para reunirse con el expresidente catalán y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont Casamajò, que lideró el golpe de estado del 1 de octubre de 2017.
Este viaje tuvo lugar en el contexto de la ronda de contactos que el Gobierno en funciones mantiene para obtener los apoyos necesarios para que Sánchez vuelva a ser investido presidente.
Que el encuentro se produjese sin el conocimiento del Tribunal Supremo -sostiene VOX- evidencia un grave incumplimiento de deberes básicos inherentes a la condición de representante público de la vicepresidenta.
«La actuación de un miembro del Gobierno debe regirse bajo los principios de legalidad y además del principio de lealtad institucional, la obligación de respeto y cumplimiento de las decisiones judiciales, en este caso del Tribunal Supremo».
Asimismo, VOX califica los hechos protagonizados por Yolanda Díaz de «una gravedad extrema», ya que «desde un punto de vista moral y político suponen contradecir por la vía de los hechos la resolución del Tribunal Supremo que acusa a Carles Puigdemont de desobediencia y malversación».
Y eso después de haberse retirado la acusación por sedición debido a la modificación del código penal promovida por el Gobierno para beneficiar a los golpistas catalanes.
Entre las razones que el partido de Abascal esgrime en dicha proposición no de ley está el artículo 2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (Ley 50/1997) que recuerda que el Ejecutivo tiene la obligación de ejercer «la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes».
Por ello, «las intervenciones públicas de la vicepresidente tercera no pueden ser ajenas a su condición de miembro del Gobierno».
Asimismo, de acuerdo con el preámbulo de la Ley 50/1997 se debe tener en cuenta que el funcionamiento del Gobierno se ha de regir por los principios de dirección presidencial y colegialidad, por los cuales «el hecho de que un miembro destacado del Gobierno haya concertado una reunión con un prófugo de la justicia, y de que estos contactos, lejos de ser discretos, hayan sido difundidos por el propio equipo de la vicepresidente, hacen responsable al Gobierno en funciones de manera íntegra del descrédito y del desprecio que esta reunión supone para nuestro Estado de derecho, nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestras autoridades judiciales», asegura VOX en la propuesta registrada.
Es más, para VOX el encuentro entre el Gobierno y Puigdemont «constituye un verdadero escándalo», pues se trata de unas negociaciones con partidos como Junts, Bildu o ERC que «persiguen objetivos políticos alejados totalmente de la Constitución y el ordenamiento jurídico».
Así, VOX la PNL expone que «resulta, cuanto menos, intolerable que los miembros del Gobierno en funciones estén negociando su propia investidura con aquellas formaciones políticas contrarias a la unidad de España y a nuestro sistema constitucional».
Por otra parte, VOX asegura que estos hechos, además de revestir una gravedad política extrema, podrían ser constitutivos del ilícito penal tipificado en el artículo 408 del Código Penal, en virtud del cual «la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
Lejos de arrepentirse y persistir en una conducta al margen de la legalidad, Yolanda Díaz ha manifestado su intención de mantener más reuniones con el prófugo Puigdemont.
Peor aún, y según han filtrado los diferentes equipos negociadores, en la reunión no se abordó en ningún momento la voluntad de ninguna de las partes de cumplir con las resoluciones judiciales y de colaborar con la justicia española, sino al contrario, han expresado su voluntad de omitir y desatender la acción de la justicia.
En este sentido, ambas partes manifestaron que la reunión se centró en la exploración de «soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político».
Estos hechos resultan especialmente controvertidos, ya que suponen que la vicepresidente del Gobierno intenta aplicar «soluciones políticas» a procesos jurídicos y, además, penales.
Por último, el GP VOX advierte en su iniciativa la posibilidad de que se hayan utilizado fondos públicos para sufragar el referido viaje que, según la versión ofrecida por la vicepresidenta Díaz, habría realizado exclusivamente en calidad de representante política de Sumar.
De esta manera, VOX denuncia que estaríamos ante «la utilización fraudulenta del erario que podría ser constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos».
Por todo ello, el GP VOX pide al Congreso en esta iniciativa que inste al Gobierno a poner en marcha todas las medidas necesarias para:
1.- Impedir que miembros del Gobierno de la nación, o cualquier autoridad o funcionario, colaboren, negocien o pacten con prófugos o condenados por la Justicia con el fin de promover la impunidad o ventajas penitenciarias de estos a cambio de ventajas políticas o electorales.
2.- Impulsar una regulación del indulto que proscriba su aplicación para los casos de delitos cometidos por miembros del Gobierno de la nación, autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus cargos o en contra del criterio del Tribunal sentenciador o de la víctima.
3.- Establecer cuantas medidas sean necesarias para impedir que las actuaciones relacionadas con negociaciones o acuerdos de índole política menoscaben la unidad de España, su prestigio y la solvencia de sus Instituciones, con especial atención a jueces y tribunales, así como su imagen internacional.
4.- Garantizar que no se utilizarán bajo ningún pretexto fondos ni medios públicos para facilitar la negociación, contacto o pacto político con prófugos o condenados de la Justicia.
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