Barcelona (España), miércoles 6 de septiembre de 2023 (Luis Torres Piñar).- Escuchadas las pretensiones del insurrecto Carles Puigdemont Casamajò, no sé si reír o temblar, no obstante, no sería la primera vez que un gobierno socialista de España negocia con extorsionadores, no es nuevo. Basta recordar a José Luis rodríguez Zapatero «el mentiroso» en el secuestro del atunero Alakrana, de cuyas «negociaciones» nada más se supo y tampoco del dinero entregado.
No entro a juzgar si se hizo bien o mal. La vida de unos compatriotas se puso a salvo y eso ante todo debe valorarse de forma positiva, aunque ello sea en deterioro de la credibilidad de una Nación, que no supo reaccionar tras el pago si se realizó, claro. Hubo dos secuestradores juzgados y corramos un tupido velo…
La Constitución Española (CE) no es militante, quiere decir que no obliga a estar de acuerdo con ella y permite su interpretación siempre que se proponga y presente en la sede donde se representa a la soberanía de los españoles, esto es, el Congreso de los Diputados, donde se escucha el proyecto y se vota, luego que Dios reparta suerte.
La subasta abierta con la excusa de las negociaciones para la obtener los apoyos necesarios para presentarse a la candidatura y formar gobierno, puede encajar en la Constitución Española, pero una cosa es negociar qué beneficios puede obtener el gobierno de una comunidad autónoma que repercuten en todos sus ciudadanos y cosa muy diferente es someterse a la extorsión pública y abrir negociaciones con un huido de la justicia española (Carles Puigdemont Casamajò), me explico.
Pedir un referéndum, la independencia, que los delfines se comuniquen en catalán o incluso que los hispanohablantes residentes en Cataluña lo hagamos de rodillas ante «sus majestades fascistas (separatistas)», puede ser legal si se siguen los cauces legales y constitucionales previstos en la Carta Magna.
Lo que no está previsto en la Constitución Española es siquiera la posibilidad de que el gobierno de España se reúna con un delincuente huido y perseguido por la justicia española para negociar una extorsión consistente en conceder una amnistía del Procés, que beneficie al «extorsionador» junto a sus secuaces, ya que esa situación persigue conseguir unos beneficios personales, que nada tienen que ver con la sociedad catalana y menos aún con una mayoría declarada a nivel nacional contraria al movimiento secesionista de forma mayoritaria, según los resultados de las últimas elecciones generales en Cataluña donde el bloque fascista separatista obtuvo tan solo el 27,12% de los votos, frente al 42.92% que obtuvieron en el año 2019.
El experto en interiores de maleteros Carles Puigdemont Casamajò, tan solo representa a 392.634 personas de más de 7.500.000 de habitantes que hay en Cataluña y más de 47.000.000 en España. O sea, este mamarracho insurrecto, tan solo representa a un 0.84% de los españoles y con esa representación, el sátrapa presidente de Gobierno de coalición en funciones de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Pérez Castejón, pretende someter al 99.16% de los españole. ¿Tan solo para mantenerse en el poder?
Las versiones que se ofrecen por el gobierno (al menos la parte del PSOE) referente a la visita de la comunista vicepresidente segunda del Gobierno de coalición de España, Yolanda Díaz Pérez, aludiendo «que no se ha hecho con conocimiento del mismo», no cuela. A día de hoy esa señora la tal… Yolanda Díaz Pérez, continúa ostentando un cargo oficial de vicepresidente segunda del Gobierno de coalición de España, no ha sido destituida y se reconoce públicamente que la visita, reunión y conversación a Bruselas (Bélgica) ha sido para negociar la extorsión que permita al sátrapa Sánchez ser el nuevo presidente del Gobierno de la «III República socialcomunista de España» a cambio de ceder a la extorsión.
Dudo que negociar con alguien que extorsiona al gobierno de España para obtener un beneficio personal sea lícito, más bien me inclino a pensar en un posible delito de prevaricación. Por ello, no comprendo cómo puede ser que ningún juez no haya actuado ya de oficio y lejos de abandonar la vía judicial contra el independentismo, se refuerce y tomen medidas para evitar su más que posible repetición. Los filoasesinos etarras están alerta y piden su parte en el pastel.
El problema de Cataluña, nunca han sido sus ciudadanos, estos siempre se han utilizados como rehenes y escudos para el exclusivo beneficio de sus políticos y no me refiero tan solo al momento más contemporáneo. Por ejemplo, sobre la Madre de Dios la Virgen de Montserrat, ya entonces se hizo creer que se trataba de una virgen negra, más conocida como «la moreneta». Pues bien, la virgen no es que sea negra sino que debido a su indudable antigüedad el color se ha ido depreciando y muy posiblemente el humo de los habitantes de la cueva donde se encontró la imagen ayudó a su oscurecimiento, no es que fuera una virgen diferente al resto de las vírgenes de España, es que está sucia.
Por otra parte, respecto de los hechos de la guerra de secesión del año 1714, se empeñan en decir que se violó la independencia de Cataluña. Para escribir sobre historia, no basta el párrafo de un artículo. Por ello, tan solo refiero que ese año hubo quien pretendía que su Rey, fuera un Borbón o un Austria, pero nunca la independencia de una región.
Durante muchos, pero muchos años, se ha dicho que el general Francisco Franco Bahamonde ayudaba más al equipo de la capital de España que al que lleva el nombre de la ciudad Condal. Resulta que el general salvó de la quiebra hasta en dos ocasiones al FC Barcelona, que en agradecimiento le obsequió con sendas insignias de oro y brillantes…
Otra mentira que por mil veces dicha ha quedado como si fuera cierta, es que el Real Madrid FC compraba a los árbitros para pitar en contra del FC Barcelona. Pues tampoco parece ser cierto y parece según los últimos acontecimientos que es posible que el comprador de árbitros fuera el club catalán, que es «más que un club…», a saber.
Para terminar, por no alargar demasiado, referente a la supuesta deuda que tenemos los españoles con Cataluña, el famoso: «España nos roba», resulta que no éramos los españoles quienes robábamos a los independentistas, sino los propios políticos independentistas quienes roban a sus ciudadanos.
En fin, la vergonzosa conducta del sátrapa Sánchez y sus correligionarios debe terminar en éste mismo momento y el único que puede hacerlo es el Rey Felipe VI ya que no hay político, militar, periodista o civil con el suficiente apoyo para secuestrar el Congreso de los diputados y exigir su liberación a cambio del exilio forzoso de tanto político sinvergüenza que tenemos en España. Hodierna, no sería delito ya que ha quedado homologado el poder delinquir y extorsionar al Gobierno. Ahí lo dejo…
Luis Torres Píñar
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