Barcelona (España), jueves 14 de diciembre de 2023 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- El juez del caso Tsunami autorizó a la Guardia Civil la intervención del móvil del exdiputado catalán de la CUP, David Fernández Ramos, mediante un «software remoto y telemático» entre enero y marzo de 2020, tiempo en el que a los agentes les resultó imposible el acceso «por cuestiones técnicas informáticas».
David Fernández Ramos fue diputado y portavoz de la extrema izquierda separatista Candidatura de Unidad Popular (CUP) en el Parlamento de Cataluña de 2012 a 2015. De finales de 2014 a 2015 presidió la Comisión Parlamentaria del «caso Pujol» en la camara catalana, donde mientras rendía pleitesía al ‘corrupto mayor’ separatista y Jordi Pujol Soley y a su familia, amenazaba con su sucia sandalia al corrupto del Partido Popular, Rodrigo de Rato y Figaredo.
Así consta en una parte del sumario de la causa, a la que ha tenido acceso Efe, en la que el juez investiga por terrorismo los disturbios encabezados por la plataforma Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del ‘procés’ y apunta a la presunta responsabilidad del expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros.
De acuerdo al sumario, las intervenciones telefónicas en remoto fueron autorizadas por el juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Manuel García Castellón en enero de 2020, y afectaron a otras cuatro personas, incluido Joan Matamala, hermano del empresario cercano a Puigdemont Josep Maria Matamala.
En el caso de Fernández, que no figura como investigado en la causa, la intervención duró tres meses, hasta el 17 de marzo, cuando el juez rechazó una nueva prórroga, y, según constata la Guardia Civil en un informe, el acceso resultó «imposible» debido a problemas técnicos.
Algo parecido ocurrió con Joan Matamala, respecto al que tampoco pudo materializarse el acceso «por cuestiones técnicas», según consta en el informe, de mayo de 2020, en el que el instituto armado pedía prorrogar la medida.
Unos meses antes, en diciembre de 2019, el juzgado ya había autorizado en otro auto la intervención de «los datos asociados a la intervención de las comunicaciones telefónicas» de ocho personas, incluidos David Fernández, el también exdiputado de la CUP Quim Arrufat; y el exdirigente de Podem y exdiputado Albano Dante Fachín.
El objetivo era, según argumentó el juez, averiguar o descubrir «hechos y circunstancias que pudieran relacionarse directamente con la supuesta comisión del delito terrorismo en su modalidad de sustancias que causan grave daño, objeto del presente procedimiento».
En dicho auto, el juez otorgaba «un papel no solo dinamizador sino también de ideólogo» a Fernández y Arrufat y recordaba que, según un informe policial, el primero fue «la primera persona que acuñó el nombre en noviembre de 2014», posiblemente cuando dijo que la consulta participativa del 9N fue un «tsunami democrático contra un Estado demofóbico» en un acto público del que informaron los medios de comunicación.
Según reflejó entonces el juez en su resolución, ambos harían de «comunicadores de los mensajes de Tsunami, participando activamente no solo en la difusión, sino también en las propias acciones».
La Audiencia Nacional también autorizó en mayo de 2020 intervenir el teléfono durante un mes, hasta junio, del entonces presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona Joan Canadell -que en 2021 dejó este cargo al ser elegido diputado por JxCat en el Parlament-, a petición de la Guardia Civil, que resaltó su importancia en la creación estructuras paralelas para financiar instrumentos vinculados al proceso independentista.
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