Redacción – Juicio golpe 9N. «Sólo forzando la Ley se podía aplicar el Código Penal» en España y lo consideraron «improbable» que el gobierno del presidente Mariano Rajoy esté a la altura para llevar a los golpistas ante los tribunales. Por ello, nunca aconsejaron al gobierno de Artur Mas que se detuviera la convocatoria; incluso con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la mesa pidieron a Artur Mas seguir adelante con el golpe. El jurista separatista asesor del Gobierno de Artur Mas y actual asesor del Gobierno del presidente Carles Puigdemont, Viver i Pi-Sunyer, afirmó este miércoles 8 de febrero de 2017 ante el tribunal que juzga al ex presidente d ela generalidad de Cataluña, Artur Mas Gavarró, y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau por el golpe separatista del 9N de 2014 en Cataluña, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la suspensión del proceso efectuado por el Tribunal Constitucional (TC) era «muy genérica y un caso inédito», y había una aclaración que no llegó. Barcelona (España), jueves 9 de febrero de 2017. Fotografía: Los encausados separatistas por el golpe del 9N de 2014 en Cataluña: expresidente catalán Artur Mas junto a las exconsejeras Joana Ortega (i) e Irene Rigau (d), en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde serán juzgados por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes. Efe.
Con las declaraciones de ayer, miércoles 8 de febrero de 2017, coincidiendo con la tercera jordana del Juicio del golpe 9N, una tercera y rápida sesión en el tribuna Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los testigos de las defensas d l os encausados: ex presidente de Cataluña, Artur Mas Gavarró; consejera de Presidencia, Joana Ortega; e Irene Rigau, consejera de Enseñanza, detallaron fundamentos jurídicos y políticos de peso del que el gobierno de Artur Mas no suspendió el proceso participativo del 9-N, a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) dictada a instancia del gobierno el 4 de noviembre de 2014.
Tal como recoge el diario regional proseparatismo catalán ‘El Punto Hoy’, este jueves 9 de noviembre de 2017, el director del Instituto de Estudios del Autogobierno y ex presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), Carles Viver Pi-Sunyer, que fue magistrado del Tribunal Constitucional (TC) durante ocho años, tres de los cuales como vicepresidente del Tribunal Constitucional de España, explicó al tribunal que juzga a los encausados del golpe de estado del 9N en Cataluña que en dos dictámenes de 2013 y 2015 estudiaron como consultar de forma legal el pueblo de Cataluña sobre su futuro político y qué «tipos penales» podría usar el Estado para impedirlo.
«Sólo forzando la Ley se podía aplicar el Código Penal» en España y lo consideraron «improbable» que el gobierno del presidente Mariano Rajoy esté a la altura para llevar a los golpistas ante los tribunales.
Por ello, nunca aconsejaron al gobierno de Artur Mas que se detuviera la convocatoria; incluso con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la mesa pidieron a Artur Mas seguir adelante.
Tres juristas recomendaron al gobierno de Artur no parar el 9N, titula el diaria proseparatismo ‘El Punto Hoy’
Cuando llegó la providencia del 4 de noviembre de 2014, Viver i Pi-Sunyer explicó que mantuvo una reunión «extensa e informal» con Francesc Homs, entonces consejero de la Presidencia y de los servicios jurídicos centrales del gobierno catalán de Artur Mas, y con d otros expertos juristas, y él propuso pedir una aclaración al TC, porque la resolución era «muy genérica» y se trataba de un caso «inédito», con un proceso participativo «inédito» del que no existían precedentes.
De hecho, consideró extraño que el gobierno de España de Mariano Rajoy Brey invocara el artículo 161.2 para suspender automáticamente el proceso, ya que hasta entonces sólo se había aplicado en casos de recursos contra leyes.
El jurista separatista, incluso, puso el ejemplo de si la resolución del TC implicaba también desactivar a la Policía Catalana, los Mozos de Escuadra, que debían vigilar las votaciones, si había que hacer una desconvocatoria formal, si era necesario cerrar el sitio web o si tampoco se podía informar de los resultados del referéndum separatista.
A preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled, el asesor del gobierno no recordar los nombres de los otros juristas de la reunión con Homs, y admitió que tampoco sabía nada de cómo estaba la organización y las actuaciones administrativas del 9-N en el momento de la suspensión por el TC.
Por su parte, el ex decano de derecho de la UB Enoch Albertí manifestó al tribunal que consideraron «relevante» que el TC no hubiera indicado ninguna advertencia sobre el posible incumplimiento de la resolución a los miembros del gobierno de Mas, tal como había pedido el gobierno del presidente Mariano Rajoy.
El catedrático de derecho constitucional y miembro del consejo asesor, Joan Vintró, también expuso ayer que en los informes de 2013 y 2015 analizaron los tipos penales posibles para detener una consulta separatista, y en el último adjuntaron la resolución de la junta de fiscales de la fiscalía superior de Cataluña del 19 de noviembre de 2014, en la que se resuelve que es inviable una acción penal contra el entonces presidente Mas y sus consejeros para que no se cumplían los requisitos exigibles a la delito de desobediencia.
En este sentido, el separatista diputado y portavoz de Convergencia (CDC) -ahora PDeCAT- el Congreso, Francesc Homs, respondió como testigo a unas preguntas del abogado de Mas, hasta que su letrada, Eva Labarta, advirtió de que no declarara más porque está procesado por el 9-N al Tribunal Supremo y lo responderá en ese tribunal, con las garantías que tiene un acusado de responder o no y de no decir la verdad.
Precisamente en el juicio de ayer en el TSJC contra Mas, Ortega y Rigau, se supo que Homs será juzgado en Madrid el 27 de febrero.
Aunque esta advertencia, Homs se arriesgó en la declaración de ayer y erigirse «como máximo responsable jurídico del gobierno» de apostar por seguir el 9-N, después de las consultas con juristas, ya que «no se cumplía ningún requisito del delito de desobediencia».
El separatista Homs insistió: «No era un mero transmisor, yo configuraba la responsabilidad».
El ex vicepresidente añadió que por ello pidieron la aclaración al TC, que no llegó nunca, y que las votaciones del 9-N se alargaron hasta el 25 de noviembre mientras ni la fiscalía ni la abogacía del Estado no reclamaban ninguna medida para evitarlo.
Por su parte, Miquel Buch, alcalde separatista de Premià de Mar (Barcelona) y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), declaró que más de la mitad de los locales de votación (unos 700) no eran del gobierno catalán, ya que el gobierno sólo aportó los institutos públicos.
En la mayoría de municipios no hay institutos, lo que «inquietó muchos alcaldes que querían tener puntos de votación», y se pusieron en contacto con la ACM por esta cuestión.
Desde la entidad, se propuso a los consistorios que ofrecieran locales municipales, tales como escuelas o centros cívicos, del gobierno catalán.
En este punto, el fiscal quiso saber cuando fue esta cesión al gobierno y, tras una confusión, aclaró que fue en octubre, antes de la suspensión del Tribunal Constitucional.
Según Buch, todos los ayuntamientos, excepto tres (Valle de Arán, Badalona y Castelldefels) ofrecieron dependencias municipales para las votaciones.
Ninguno de estos ayuntamientos fue denunciado, aseguró el presidente de la ACM a preguntas de los abogados de la defensa de los encausados por el golpe de estado del 9N en Cataluña.
