Madrid (España), miércoles 8 de noviembre de 2023 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- El hijo de España Adán inició el martes huelga de hambre contra abolición de la Democracia e instauración de una dictadura comunista sanchista en el país, frente la Cámara Baja, donde se ha encadenado y no piensa permitir que el régimen acabe con el Estado de derecho.
Un hijo de España, joven de 28 años, se ha encadenado a un árbol en la plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados del Reino de España, donde ha iniciado una huelga de hambre desde «ayer, martes 7 de noviembre de 2023», en contra de la amnistía ilegal e inconstitucional al golpe de Estado de 2017 e Cataluña que va a dar el secretario general del Partido Socialista y presidente de Gobierno de coalición en funciones de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, porque -asegura- esta nueva normativa «contradice lo dicho por Pedro Sánchez en la campaña electoral» de las elecciones a las Cortes Generales del pasado domingo, 23 de julio de 2023, el 23J.
Encadenado a uno de los árboles de esta plaza y envuelto en una bandera del Reino de España, Adán corea cánticos con un megáfono en los que dice «Sánchez vete ya, el pueblo no te quiere» o «Que te vote Txapote».
«Pedro Sánchez en la campaña electoral lo primero que dijo es que no pactaría con etarras y lo que ha hecho ha sido pactar con etarras, dijo que traería a (Carles) Puigdemont frente al juez y no lo ha hecho, lo que va a hacer es una amnistía y se va a saltar la Constitución española y eso no lo podemos permitir los españoles», denuncia.
El joven, natural de Toledo, pide una «repetición electoral» y que la gente salga a la calle «pacíficamente» y rechaza una ley de amnistía ilegal e inconstitucional aunque logre una mayoría en el Congreso de los Diputados, al tiempo que pretende «continuar» con su protesta «los próximos días».
La amnistía representa la «abolición» de la democracia en España, según el CGPJ
El Poder Judicial ha rechazado la amnistía al golpe en una Declaración Institucional al ser el inicio del fin de la democracia en España.
La declaración del máximo órgano del Poder Judicial, aprobada ayer con 8 votos a favor, 5 en contra y una abstención, denuncia en los más firmes términos el grave riesgo para el Estado de Derecho en España que supondría aprobar una ley de amnistía para los políticos separatistas que perpetraron el intento de golpe de Estado de 2017 contra la unidad de España y el orden constitucional, en lo que ellos mismos bautizaron eufemísticamente como «procés».
«Preocupación y desolación»
«El CGPJ expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», alertó el CGPJ en su declaración.
El máximo órgano del Poder Judicial explicó asimismo que hasta ahora había mantenido «una actitud de prudente expectativa», pero que decidió abandonarla después de que el presidente del Gobierno en funciones rompiera su silencio el 28 de octubre afirmando «dos cosas»: «la primera, que efectivamente ha pactado una ley de amnistía» y, «la segunda, que la medida se adoptará en «interés de España» para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral».
Ataque a la división de poderes
Para el CGPJ, «la concesión de una amnistía en nuestro actual sistema constitucional constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de Derecho», apuntando en particular a «las graves consecuencias que tiene en la misma configuración del Poder Judicial».
«Una ley de amnistía como la anunciada por el presidente del Gobierno en funciones tan sólo puede tener por objeto dejar sin efecto las decisiones —generalmente en sentencias— adoptadas por los tribunales con relación a los mencionados hechos», decisiones que —defiende— se han tomado con «pulcritud procesal»
. En otras palabras, las Cortes vendrían a incidir en el Poder Judicial, en lo que comporta «una invasión inadmisible» de las funciones que la Carta Magna reserva a los tribunales de justicia, señala el CGPJ.
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