Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), viernes 25 de junio de 2021. El Tribunal de Cuentas ha rechazado retrasar la citación de cerca de 40 ex altos cargos del Gobierno de coalición nacionalsocialista separatista de la Generalidad de Cataluña por la propaganda secesionista del procés fuera de las fronteras del Reino de España, los llamados «gastos en política Exterior de la Generalidad de Cataluña» y los del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat)», durante el Procés (proceso separatista, concretamente, «del año 2011 al 2017».
Varios investigados separatistas recurrieron y pidieron suspensión de esta causa especial con la que el Tribunal de Cuentas pretende recuperar cada euro malversado en el Procés hasta la fecha de la aplicación de las medidas del Artículo 155 de la Constitución española de 1978 en Cataluña el 27 de octubre de 2017 tras hacerse efectivo el golpe de estado (Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña -DUI-). Los recurrentes alegan «indefensión».
En un auto, el Tribunal de Cuentas lo rechaza y la mantiene las citaciones para los próximos 29 y 30 de junio. Cuentas comunicará el importe de las fianzas que reclama a estos dirigentes del procés. Se espera que las cantidades reclamadas asciendan a cifras millonarias.
Algunos de los líderes del Procés, indultados políticos presos por el Gobierno de coalición del presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón están encausados y, en paralelo a la concesión de la medida de gracia, la Abogacía del Estado se ha mostrado a favor de la decisión del Tribunal de Cuentas tras rechazar todos los recursos de los 40 ex cargos de la Generalidad separatista encausados.
La Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia por lo tanto dle Gobierno de coalición del presidente Sánchez, se posicionó en línea con la Fiscalía General del Estado y negó que se haya producido «indefensión y consideró los recursos de los ex cargos separatistas de la Generalidad de Cataluña (del 2011 al 2017) «prematuros y infundados».
En la misma línea se pronuncia el auto del Tribunal de Cuentas que dice que la tarea de la instructora «se ajustó, en todo momento, los requisitos y los fines» que establece la ley que regula el organismo.
Cuentas rechaza que se haya producido «indefensión» y, por tanto, rechaza suspender la comparecencia para la liquidación provisional prevista para el martes.
La sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas comunicará a las defensas de los investigados el importe que les reclama a cada uno. Las defensas podrán hacer alegaciones y, por tanto, la cantidad reclamada puede variar después de la comparecencia.
Si los investigados excargos de la Generalidad de Cataluña durante los años del Procés no abonaran las fianzas en el plazo fijado, se procedería a embargar sus bienes. Estos importes se deberán ratificar más adelante cuando se celebre el juicio por esta causa.
Están citados los ex presidentes de la Generalidad de Cataluña de 2011 a 2017, Artur Mas Gavarró (JxCat-PDECAT-Convergencia), y Carles Puigdemont Casamajò (JxCat), el exvicepresidente indultado político preso Oriol Junqueras Vies, varios ex consejeros de Presidencia, Economía y Exteriores como: Francesc Homs (JxCat), Neus Munté (JxCat), Andreu Mas-Colell (JxCat), y Raül Romeva (ERC), y varios ex altos cargos del Gobierno, hasta al menos 40 individuos secesionistas.
La defensa de Junqueras y Romeva argumentaba «vulneración de derechos» porque, entre otras razones, «no se les ha dado suficiente tiempo para analizar una documentación extensa», que puede implicar que «se les exija el pago de cantidades millonarias». Reclamaban la «ampliación del plazo para hacer alegaciones y la suspensión de la citación del martes».
En el caso del recurso de Mas Gavarró, también denunciaba que el «plazo y condiciones» en que se les remitió la documentación, «el ingente volumen de las actuaciones remitidas y la inexistencia de una delimitación efectiva y precisa de los expedientes» hacía que fuera «imposible» examinarlo «con garantías».
El motivo alegado, en este caso por Andreu Mas-Colell (JxCat) —el exconsejero de Economía del Gobierno separatista de Artur Mas apoyado en el PP Cataluña (PPC) de Alicia Sánchez-Camacho— para justificar la «indefensión» es que «el informe de fiscalización no permitía identificar los gastos concretos que se les pretendía atribuir».
