Madrid (Reino de España), jueves 16 de mayo de 2024 (Lasvocesdelpueblo).- VOX va a despolitizar la Justicia y Fiscalía. El plan de VOX para despolitizar la justicia: vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos por y entre jueces y magistrados, modificar la LOPJ y destituir al fiscal general del Estado
El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley, para su debate y votación en la comisión de Justicia, con el fin de garantizar la independencia del Poder Judicial frente a los permanentes ataques del Gobierno que pretende colonizar todas las instituciones del Estado.
España vive en la actualidad una crisis institucional que afecta específicamente a la propia configuración del Estado constitucional de 1978 como Estado de Derecho.
- Ataques a la independencia judicial| VOX va a despolitizar la Justicia y Fiscalía
El más destacado de ellos es el ataque a la independencia del Poder Judicial en que se ha embarcado el actual Gobierno, siendo la mejor prueba de ello la amnistía a los criminales separatistas catalanes que protagonizaron un golpe de Estado en octubre del año 2017, expropiando así a jueces y tribunales su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
La Constitución Española quiso constituir un sistema de autogobierno de la Justicia, estableciendo un órgano de gobierno propio, el Consejo General del Poder Judicial.
El artículo 122 preveía que dicho Consejo estaría integrado por veinte vocales, de los cuales doce se elegirían entre jueces y magistrados. Los ocho restantes, por su parte, serían elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, cuatro por cada Cámara.
- Pervertido por el PSOE| VOX va a despolitizar la Justicia y Fiscalía
Pese a lo anteriormente mencionado, esto fue pervertido por el gobierno socialista de Felipe González (PSOE) con la aprobación de la vigente Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esta norma determinaba que los veinte vocales del CGPJ fuesen elegidos por las Cortes Generales, diez por cada Cámara, lo que ha derivado directamente en una designación por las cúpulas de los partidos políticos que participan en ella.
La elección parlamentaria de todos los vocales del CGPJ es así una ofensa a la letra y al espíritu de la Constitución porque la intromisión de los partidos en la elección de los vocales del CGPJ, lejos de afirmar el carácter democrático del Poder Judicial, constituye una extralimitación inadmisible que pone en peligro la independencia de un poder del Estado.
Y, siendo ese poder, el Judicial, el que garantiza precisamente la adecuación a la legalidad de los distintos sujetos y de la misma Administración, nos encontramos con que amenazar la independencia del Poder Judicial es poner en riesgo el mismo Estado de Derecho.
En la iniciativa, se señala que «la culpabilidad por la pervivencia de tan nocivo modelo hasta nuestros días debe atribuirse conjuntamente a los dos grandes partidos de ámbito nacional que han ocupado el Ejecutivo en los últimos decenios».»En efecto, el PP, aunque ha criticado nominalmente desde hace décadas la elección puramente parlamentaria de los vocales, no ha sido precisamente coherente con esa crítica cuando ha tenido la oportunidad de actuar».
Más recientemente, los ataques directos del actual Gobierno y de sus secuaces al Poder Judicial son parte de un plan más amplio para lograr el control de todas las instituciones.
El control obtenido en diciembre de 2022 del Tribunal Constitucional por parte de las fuerzas mencionadas ha constituido un golpe durísimo para el Estado de Derecho, ya que ha puesto en sus manos un instrumento tan fundamental como el control de constitucionalidad de las leyes.
«El único poder del Estado que no ha quedado completamente sujeto a la acción de los partidos del Gobierno es el Judicial, y de ahí el propósito por controlar su citado órgano de gobierno, el CGPJ», explica la iniciativa de VOX.
Po otra parte, la formación de Santiago Abascal denuncia que el PSOE y sus socios niegan a acabar con la elección de los vocales del CGPJ por las cúpulas de los partidos políticos. Su propósito es mantener un sistema judicial politizado y liquidar la independencia judicial.
Otra muestra de la incompatibilidad del actual Gobierno con la independencia judicial y con el propio Estado de Derecho es su conducta con relación al Ministerio Fiscal. Las declaraciones radiofónicas de Pedro Sánchez en las que alardeaba de su control del Ministerio Fiscal son solamente un síntoma de una línea de actuación igualmente inverecunda.
Buena prueba del control que ejerce el Gobierno sobre la justicia fue el nombramiento de la que fuese exministra de Justica socialista, Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Además. hay que unir el del nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, que promocionó a su propia antecesora como fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
El mismo nombramiento actual del Sr. García Ortiz como fiscal general del Estado ha sido realizado, por primera vez, contra el criterio manifestado por el CGPJ.
De este modo queda probado el grado de imparcialidad del actual fiscal general por su política de nombramientos: la asociación profesional de la que fue presidente, representando a menos del diez por ciento de la carrera, copa más de dos quintas partes de los puestos en la Junta de Fiscales de Sala.
Por último, otra prueba de los ataques del Gobierno a la independencia judicial son la creación de comisiones de investigación en el Congreso a instancias de los socios separatistas del Gobierno. Tales comisiones pretenden investigar supuestas acciones de lawfare’ por parte de jueces y tribunales, y no tienen otra finalidad que agredir al Poder Judicial y a su independencia.
- Las medidas de VOX| VOX va a despolitizar la Justicia y Fiscalía
Ante esta situación, el GP VOX exigen que se pongan en marcha las siguientes medidas para despolitizar por completo la justicia:
-Abandonar su inaceptable actitud de hostilidad contra la independencia judicial.
-Abstenerse en su empeño de promover el asalto de las principales instituciones del Estado.
-Promover la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de modo que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial que constitucionalmente deben elegirse entre jueces y magistrados lo sean efectivamente por ellos, terminando con el sistema de cuotas partidistas.
-Impulsar la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a efectos de suprimir su artículo 570 bis, revirtiendo la reforma legal de 2021, cuya única finalidad era atacar la independencia judicial.
-Proceder al cese inmediato del actual fiscal general del Estado, y adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia de la persona que lo sustituya.
