Madrid (España), martes 29 de agosto de 2023 (Efe).- Vox calcula que el «fraude de ley» que en opinión de esta formación supone conceder grupos parlamentarios propios en el Congreso a ERC y a Junts comporta un «exceso de gasto» para la institución de 728.321 euros anuales derivados de las subvenciones directas de las que van a disponer a partir de ahora.
El grupo de Vox, encabezado por su nueva portavoz, María José Rodríguez de Millán Parro (Pepa Millán), se ha dirigido a la Mesa del Congreso para pedirle que deje sin efecto su decisión -adoptada ayer gracias a la mayoría del PSOE y Sumar- de admitir la constitución de los grupos de los independentistas catalanes gracias a «préstamos» de diputados socialistas y de Sumar para así cumplir con los requisitos.
La portavoz ha presentado un escrito este martes en el que argumenta el incumplimiento de la normativa que Vox detecta en el reconocimiento de ambos grupos, entre otros motivos por no haber logrado ni ERC ni Juns el porcentaje mínimo del 15 % de votos en las circunscripciones donde concurrieron a las elecciones, ni el 5% en ámbito nacional.
En cuanto a la cesión de diputados para alcanzar los requerimentos exigidos por el Reglamento, una práctica consolidada en el Congreso y el Senado, afirma que esta costumbre de «constitución irregular» de los grupos es «más que discutible» por obedecer a «sórdidas razones de conveniencia política», que es contraria «a la moral y al orden público» y en todo caso contradice una norma escrita.
Hace notar además que «es público y notorio» que los independentistas catalanes «han exigido» a PSOE y a Sumar la constitución de sus grupos propios, con numerosas ventajas añadidas, para votar a favor de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, o una «hipotética investidura» de Pedro Sánchez.
En un segundo escrito, la diputada de Vox requiere también a la Mesa -donde PSOE y Sumar tienen mayoría frente al PP- que suspenda las subvenciones a los 14 diputados de ambos grupos «por haberse constituido en fraude de ley», así como retirarles «cualquier medio material y/o humano» de que dispongan, como móviles, tabletas o asistentes, hasta que no se incorporen al Grupo Mixto.
Y además, como entiende que estos parlamentarios no cumplieron debidamente con la fórmula de acatamiento a la Constitución en la sesión constitutiva de las Cortes, añade a los más de 728.000 euros de subvenciones que entiende que no deberían recibir, otros 293.354 euros que tampoco deberían cobrar por no haber adquirido, siempre a su entender, la condición de diputados.
En suma, sostiene Vox que «el fraude» de dinero público puede alcanzar la cifra total de 1.021.676 euros anuales y reclama a la Mesa que se suspendan los «derechos económicos» de los diputados independentistas que utilizaron fórmulas heterodoxas para acatar la Constitución.
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